La policía investiga a 170 empresas de las que sospecha que son "tapaderas" de ETA
La operación que se saldó en 1992 con la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) fue la pista inicial de la que partieron las investigaciones que han servido a la policía para llegar al supuesto entramado financiero de la organización terrorista. Pero el empujón definitivo a las pesquisas se produjo tras la captura en Francia del dirigente Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza, en noviembre de 1996, en cuyo poder se halló un documento con instrucciones sobre la empresa Gadusmar. La Comisaría General de Información maneja un organigrama en el que figuran unas 170 empresas que supuestamente forman parte de esta red que se extiende por España, Francia, Colombia, Cuba, Panamá y Cabo Verde.
Después de la redada de Bidart, la nueva cúpula dirigente de ETA resolvió delegar parte de sus atribuciones en personas vinculadas a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), según fuentes policiales. La dirección etarra transfirió el manejo de las finanzas destinadas al sostenimiento de los activistas huidos de España.Al irse reforzando las sospechas de la policía, el juez Baltasar Garzón abrió un sumario secreto. Las investigaciones cobraron auge después de la detención de Juan Luis Aguirre Lete, supuesto dirigente de los comandos ilegales [fichados] en cuyo poder se encontró un cúmulo de datos sobre las interioridades de ETA. "La captura de Aguirre es una operación casi tan importante como la realizada en Bidart en 1992", proclamaron entonces los responsables de Interior.
Entre la abundantísima documentación incautada a Aguirre en Pau había un papel en el que éste aconsejaba fichar como administrador técnico de la empresa Gadusmar a Juan Pablo Diéguez Gómez, uno de los 10 detenidos ahora.
Las investigaciones realizadas desde entonces por la Unidad Central de Información llevaron a este servicio antiterrorista al convencimiento de que la empresa Gadusmar era supuestamente una de las tapaderas del entramado económico de ETA. Mediante el cruce de datos informáticos, la policía ha elaborado un organigrama constituido por unas 170 empresas de las que se sospecha que sirven de escondite al dinero etarra.
La documentación en papel y soporte informático obtenida en los 20 registros practicados en las últimas horas servirá para desentrañar la maraña financiera. "Tenemos trabajo para meses", dijo ayer un mando policial, que aseguró contará con ayuda de técnicos de Hacienda.
Fuentes policiales calculan que las empresas tapadera investigadas mueven anualmente en torno a 2.000 millones de pesetas, aunque este dato y el origen del dinero deberá ser confirmado con el análisis de la documentación. El entramado estaba tan bien montado que contaba con el asesoramiento de un grupo de economistas franceses que no sospechaban lo que había detrás. La mayoría de las sociedades mercantiles sospechosas de integrar esta red están radicadas en España y Francia, pero también hay entre 12 y 14 empresas con domicilio en Colombia, Venezuela, Panamá y Cuba, según medios de la investigación dirigida por el comisario general de Información, Jesús de la Morena.
Entre la voluminosa documentación decomisada hay un extenso y detallado proyecto consistente en la creación de un grupo de sociedades financieras, con apariencia legal, para invertir dinero en España.
