Las inversiones de Borrell cuando era ministro igualan a las de Política Territorial, según el PSC

Las inversiones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) durante la etapa que va de 1992 a 1995, en la que estuvo al frente José Borrell, suman 202.713 millones de pesetas. De esta cantidad han sido excluidas la referentes a Medio Ambiente y las inversiones de empresas y organismos públicos. En el mismo periodo, el Gobierno catalán invirtió, por los mismos conceptos 220.691 millones, según el PSC. La inversión ministerial fue creciendo hasta que, en 1995, superó en casi 6.000 millones a la del Ejecutivo que preside Jordi Pujol, según las mismas fuentes.

Los socialistas empiezan a estar cansados de la cantinela convergente según la cual todo lo que falta por hacer en Cataluña en materia de infraestructuras es culpa de José Borrell, que no lo hizo cuando era ministro del ramo. Sobre todo, porque no es verdad, aseguran. Para demostrarlo presentan datos elaborados a partir de diversas fuentes, todas ellas ajenas al propio PSC, que muestran que las inversiones de la época de Borrell no son tan menores como sugieren las declaraciones de los líderes de CiU. Más aún, asegura el diputado Manel Nadal, las "pocas, casi nulas, inversiones que ha hecho el Gobierno del PP desde el 3 de marzo de 1996, en 1997 y en lo que llevamos de 1998, son obras proyectadas y previstas por el ministerio en la etapa de Borrell. No hay ni una sola novedad y las pocas que se plantean, se bloquean o se desvanecen". Manel Nadal añade: "La escasa diferencia en las inversiones es más representativa si se tiene en cuenta que la Generalitat tiene competencias sobre buena parte de las carreteras, aguas, suelo, vivienda, ferrocarriles de ámbito catalán, etcétera. Al Gobierno central le quedaban los grandes ejes viarios y los de interés general, un ámbito cuantitativamente menor". Presupuesto ejecutado Los datos con los que trabaja el PSC son contundentes: se trata de hablar de inversiones reales, y para ello han tomado el presupuesto ejecutado, no el que se aprueba al principio por los parlamentos respectivos. La diferencia es importante. El presupuesto que aprueba el Parlamento puede no agotarse por imponderables diferentes. El ejecutado incluye las obras realizadas realmente, sin trampa ni cartón, con las obligaciones de pago reconocidas por el Ejecutivo. El PSC cita un ejemplo de las diferencias. El pasado año, el PP y CiU pactaron inversiones extrapresupuestarias para Cataluña por valor de unos 18.000 millones de pesetas. Ni una sola de ellas se hizo, como tampoco se hicieron otras incluidas en los presupuestos. Comparar, por tanto, lo aprobado en el Parlamento puede producir desajustes respecto a las realizaciones. Asimismo, los socialistas han desglosado las inversiones ministeriales, en cuanto a tal, de lo que hayan podido invertir las empresas públicas o los organismos estatales dependientes del mismo, como puedan ser Renfe, Aeropuertos Nacionales o, en aquellos años ,Telefónica, todas ellas con cifras importantes. La comparación es, por tanto, la de las inversiones puras hechas por el ministerio en la etapa de Borrell, excluidas las de Medio Ambiente, que en el Gobierno catalán ya estaban separadas en otro departamento, frente a las de Política Territorial en los años en los que estuvieron a su cargo los consejeros Joaquim Molins, Josep Maria Cullell, Jaume Roma y Artur Mas, sucesivamente. Un portavoz del Departamento de Política Territorial rechazó la comparación hecha por los socialistas, aduciendo que éstos no habían contabilizado las inversiones efectuadas por el Gobierno catalán a través de GISA (Gestor de Infraestructuras, SA), que es la entidad gubernamental que realiza buena parte de las obras públicas del Ejecutivo de Pujol. GISA recurre al endeudamiento. Entre las obras financiadas por GISA en este periodo están parte del Eje Transversal y aportaciones a la línea 2 del metro de Barcelona. Inversiones de empresas La suma a las inversiones del departamento de estas cantidades y de las de REGSA, que actúa como GISA en el ámbito de obras de riego, asciende a casi 440.632 millones de pesetas. Una parte de esta cifra se consolidaba como deuda de GISA, pero del Gobierno catalán en última instancia. Para el mismo periodo e incluyendo las inversiones de las empresas dependientes del ministerio, la cifra ascendía a 419.826 millones de pesetas (excluidas las inversiones de Telefónica). Las cifras facilitadas por los socialistas coinciden milimétricamente con las utilizadas en un informe por la Cámara de Contratistas de Cataluña. En ambos casos, la fuente es el anuario del Ministerio de Fomento de 1996, que incluye los datos de años anteriores.