El PSOE pide que se amplíe la ley de devolución de patrimonios incautados

La restitución de los bienes de las logias masónicas o la actualización del patrimonio incautado a la UGT son algunas de las enmiendas introducidas al proyecto de ley de devolución a los partidos del patrimonio incautado durante la guerra civil, cuya ponencia se constituyó el martes en el Congreso. Francisco Fernández Marugán, ponente socialista, admite que superan el proyecto acordado entre el Gobierno y los nacionalistas en la investidura

"Se trata de una restitución moral a los partidos vencidos en la guerra. Por tanto, no nos parece legítimo que el asunto se zanje con una ley bilateral entre el Gobierno y los nacionalistas", advierte Fernández Marugán.La ponencia parlamentaria recién creada trata de llevar adelante uno de los últimos compromisos de los pactos de investidura de 1996 pendientes entre el Gobierno y los nacionalistas. El objetivo del Ejecutivo es cerrarlo antes de fin de año con la restitución patrimonial o económica a los partidos de los bienes incautados. El PNV, que fue el que lo firmó con el Ejecutivo, hace tiempo que ha valorado su patrimonio incautado en unos 5.000 millones de pesetas, según el informe Galtier.

Cuentas y depósitos

Sin embargo, las enmiendas del PSOE ofrecen un giro a la situación al ampliar el ámbito de la restitución patrimonial.Los socialistas pretenden que no se limite al patrimonio inmobiliario, como se deduce del proyecto de ley. Pretenden que abarque las cuentas, los depósitos o los valores incautados, así como los bienes de las asociaciones afines a los partidos, como las cooperativas.En esta misma dirección, el PSOE recoge las aspiraciones de la UGT, que reclama 40.000 millones al abrigo del nuevo proyecto de ley, cuyo ámbito es mucho más amplio que la ley de devolución del patrimonio sindical de 1986. Ésta, por ejemplo, limitaba la restitución a la UGT de los bienes que eran propiedad del antiguo sindicato vertical. Sin embargo, quedaban fuera otras propiedades repartidas en ministerios y patrimonios privados. En 1996 la UGT percibió por dicho concepto 4.100 millones.

El PSOE reclama también la devolución a las logias masónicas de sus propiedades incautadas. Para ello se acoge al propio texto de incautación: el decreto de 1939, que las cita.

Los socialistas pretenden que los bienes devueltos tengan un apoyo documental y que, en consecuencia, el Gobierno, culminados los trabajos de la ponencia, eleve un informe al Congreso en el que fundamente las devoluciones. "Se trata de que actúe con equidad y criterios objetivos. Hay que evitar que predomine el de la bilateralidad entre el Gobierno y sus socios nacionalistas. Todos los partidos vencidos en la guerra deben ser tratados por igual", aducen.

A tal fin, Marugán ha introducido una enmienda en la que propone la creación de una comisión de arbitraje para dirimir los posibles conflictos. La compondrían ocho miembros: historiadores y abogados, nombrados a partes iguales por el Gobierno y los partidos beneficiarios.

Marugán es consciente de que, al ampliarse el ámbito de la ley, el Gobierno tendrá que ampliar el presupuesto previsto. En este sentido, propone un aplazamiento del pago de al menos dos años. También, una ampliación en un año más para facilitar la recogida de documentación por los partidos.

Los socialistas, principales enmendantes del proyecto pactado inicialmente entre el Gobierno y los nacionalistas, opinan que, tras este asunto, hay un problema político: "Se trata de una restitución moral en un momento aciago de nuestra historia. No es un asunto bilateral entre el Gobierno y los nacionalistas porque la guerra de 1936 no fue un conflicto entre el Gobierno y la periferia, sino que las principales víctimas fueron los partidos de izquierdas. Debe responderse a la verdad histórica".