Las ONG piden penas más duras para el tráfico de inmigrantes

La ley sólo permitió solicitar una pena máxima de tres años de cárcel para Lakbir Aitsaláh, el principal acusado de organizar, en marzo de 1997, el viaje clandestino hacia Italia que interrumpió en Capmany (Alt Empordà) un trágico accidente con un resultado de 12 víctimas mortales. Las organizaciones de ayuda a la inmigración, a través del abogado Joaquim Bech de Careda, que representó a cuatro de los cinco supervivientes del siniestro en el juicio celebrado hace tres semanas en Girona, no han querido esperar a la sentencia para reclamar una modificación legal que juzgan urgente. Ya durante el juicio, tanto el fiscal como la acusación particular coincidieron en denunciar las insuficiencias legales que imposibilitan una persecución efectiva del tráfico de inmigrantes. El Código Penal tipifica el delito de tráfico de mano de obra incluyéndolo en el bien jurídico de los derechos de los trabajadores. Según Bech de Careda, estas conductas deberían incluirse en un apartado especial, puesto que afectan más a la dignidad y al honor de las personas que a sus relaciones laborales. La modificación debería establecer agravantes específicos, como la pertinencia a redes organizadas cuya existencia ha quedado demostrada en el juicio.