El 72% de las presas carece de garantías de seguridad

Dos terceras partes de las grandes presas -no mineras- de las casi 1.200 que existen en España carecen de garantías de seguridad. El dato se hizo público ayer en una jornada sobre los beneficios y prevención de riesgos de presas celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente.La convocatoria ha sido una coincidencia fortuita con la rotura de la balsa de Aznalcóllar, pero ninguno de los expertos asistentes pudo eludir la mención del desastre minero.

Como se ha reiterado estos días, las presas de explotaciones mineras, tipo Aznalcóllar, tienen una regulación ajena a las que almacenan agua, pero las consecuencias de su ruptura causan los mismos estragos, cuando no peores. Por eso la mayoría de las sugerencias propuestas para garantizar la seguridad de presas de agua se extendieron a todo tipo de presas, incluídas las mineras.

El Reglamento de Seguridad de Presas publicado en 1996, tras el desastre de Tous, es aplicable sólo a las dependientes del Ministerio de Medio Ambiente; 325, el 28% de las 1.165 grandes presas (más de 15 metros de altura o con una capacidad superior al millón de metros cúbicos) que hay en España. Las que dependen de las autonomías o los ayuntamientos (un 18%) o las privadas (un 54%) no cuentan con ninguna norma preventiva de seguridad.

Ley de Seguridad

Teodoro Seoane, consejero del Colegio de Caminos y ponente de Unión Fenosa, afirmó que esa casuística es «totalmente inadmisible y choca frontalmente con la demanda social de garantizar la seguridad de cualquier presa, cualquiera que sea su función, características y ubicación». Seoane propuso la creación de un organismo exclusivo según el modelo del Consejo de Seguridad Nuclear. Un órgano regulador, independiente de la Administración y del Gobierno, subordinado al Parlamento de la nación.Para el presidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses, Joaquín Díez-Gascón, son las Cortes quienes deben regular la aplicación de medidas cautelares a todas las presas existentes, su clasificación en función del riesgo potencial, y las normas que deben cumplir las que se construyan en el futuro. En su opinión, esta regulación debe plasmarse en una Ley de Seguridad de Presas, opinión ampliamente respaldada por los 130 asistentes al encuentro de ayer.

La idea no es original. Jesús Penas, inspector de presas de Medio Ambiente, relató que después de un cúmulo de desastres ocurridos en Estados Unidos en los años setenta, el Congreso aprobó una ley de inspección de presas y ordenó al Cuerpo de Ingenieros que inventariara las de alto riesgo. Entre 1977 y 1981 identificaron alrededor de 8.800.