La Asamblea francesa aprueba definitivamente la semana de 35 horas

Tras seis meses de dura pelea política y parlamentaria, con un Senado y una patronal empeñados en truncar la propuesta estrella de Gobierno socialista, la Asamblea francesa dio ayer el espaldarazo definitivo al proyecto de ley que regula la implantación de la semana laboral de 35 horas. La izquierda en bloque volvió a votar a favor de la reducción del tiempo de trabajo y esta vez su decisión resulta inapelable. El recurso que la oposición interpondrá ante el Consejo Constitucional sólo conseguirá retrasarlo unas semanas.

Con la votación de ayer, Francia, único país en reducir por ley la semana laboral, inicia una andadura histórica, inaugura una nueva etapa de ese largo camino de progresiva reducción del tiempo de trabajo iniciado en los albores del presente siglo. La duración del "trabajo efectivo" ha sido definida en la ley como "el tiempo durante el que el asalariado está a disposición del patrón y debe ajustarse a sus instrucciones sin poder dedicarse libremente a sus ocupaciones personales".El proyecto sólo adquirirá una formulación definitiva y un carácter impositivo con un segundo proyecto de ley, que debe ser aprobado en vísperas del año 2000, a la luz de las negociaciones entre empresas y trabajadores de los 18 meses que restan. Ese segundo proyecto de ley regulará las modalidades de reducción de tiempo de trabajo, el empleo a tiempo parcial, si el cómputo se hará por horas anuales o simplemente semanales y también las horas extraordinarias, que, ya desde ahora, van a ser sujetas a una cierta penalización.

La nueva semana laboral francesa, actualmente establecida en 39 horas, pasará a ser obligatoria en enero del 2000 -dos años más tarde para las empresas de menos de 20 trabajadores-, pero es ahora cuando se juega verdaderamente su viabilidad. "Las 35 horas son ya una realidad en la ley, ahora hace falta que se conviertan en una realidad social", indicó ayer Martine Aubry, ministra de Trabajo y principal promotora de las 35 horas en el Gobierno de coalición presidido por el socialista Lionel Jospin.

Empresarios y trabajadores librarán ahora el pulso. De la misma manera que no todos los empresarios se oponen a la reducción del tiempo de trabajo, tampoco todas las formaciones sindicales muestran idéntico entusiasmo ante un proyecto que aunque formalmente no trae consigo la rebaja salarial correspondiente a las cuatro horas semanales que dejarán de trabajarse, sí implica un compromiso implícito de moderación salarial. Fuerza Obrera no oculta sus reticencias ante el proyecto y estará ausente de las movilizaciones que el resto de los sindicatos y los partidos de izquierda se disponen a promover.

Los incentivos a la reducción del tiempo de trabajo y a la creación de nuevos puestos y la misma expansión económica pueden animar considerablemente el proceso de incorporación de la semana laboral. Las empresas que reduzcan un 10% el tiempo de trabajo y aumenten sus efectivos en un 6% dispondrán este año de una ayuda por empleado de 9.000 francos (225.000 pesetas), cifra que puede ascender a los 13.000 francos (325.000 pesetas) en los casos en los que la reducción del tiempo de trabajo sea del 15% y la contratación se incremente en un 9%. Además de estos incentivos, que se irán reduciendo progresivamente, hay ayudas de 4.000 francos (100.000 pesetas) por empleado para las empresas que disponen de una gran plantilla y pagan salarios muy bajos, así como otras destinadas a premiar la contratación de jóvenes, de parados de larga duración y minusválidos.

Aunque la patronal ha abandonado el enfrentamiento y el boicoteo iniciales para asentarse paulatinamente en el terreno negociador, la experiencia nace marcada por la hostilidad y envuelta en la polémica sobre el impacto social y económico. No puede decirse que las 75 horas de debates parlamentarios y los múltiples encuentros con los representantes de la patronal hayan conseguido reducir las diferencias de criterio y perspectiva.

Mientras los expertos gubernamentales reiteran que la ley debe permitir crear en los próximos cinco años entre 200.000 y 280.000 empleos, cifra que otros incrementan, la patronal y la derecha sostienen que pondrá en riesgo la competitividad y destruirá empleo. La izquierda esgrime los informes que indican que ni siquiera un crecimiento económico sostenido conseguirá reducir el paro.