El Gobierno central considera "interesante" la propuesta de los socialistas sobre Treviño

El Gobierno central calificó ayer de "interesante" la propuesta de solución en varios plazos al contencioso sobre Treviño, planteada por el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan José Laborda. La propuesta socialista, bien acogida por el secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, pretende sustituir el debate sobre la pertenencia del condado a Castilla y León o al País Vasco por el de la "funcionalidad", esto es, buscar soluciones a los problemas de los treviñeses. Mientras, EA ha reclamado al Gobierno una mediación más contundente.

Laborda propuso que hasta las elecciones autonómicas de régimen común -que afectan a Castilla y León y se celebrarán en junio de 1999- se "exploren" las posibilidades que ofrece el acuerdo de la ponencia sobre enclaves territoriales. A partir de 1999, según Laborda, se abre la posibilidad de aplicar las previsiones del artículo 145.2 de la Constitución, que sería la firma de un convenio de colaboración entre el País Vasco y Castilla y León, ratificado posteriormente por las Cortes. Tras la firma de ese convenio, habría un período de "prueba y error" hasta los años 2004 o 2005, cuando se plantearía, una vez comprobado el resultado de todos los pasos anteriores, si son necesarios otros procedimientos y, por tanto, la pertenencia del condado a una u otra comunidad. Según el portavoz socialista, el Gobierno central debe comprometerse en todo este proceso. El secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, calificó de "interesante" la propuesta y dijo que "sería bueno" que las administraciones implicadas (Gobierno vasco, Junta de Castilla y León, diputaciones de Burgos y Álava y los propios ayuntamientos) la tomaran en consideración. "Al Gobierno le parecen bien cuantas iniciativas vayan en la línea de buscar una solución consensuada", dijo el secretario de Estado. Fernández, quien compareció ayer ante la Comisión Constitucional del Senado, justificó la decisión del Consejo de Ministros de desautorizar la consulta sobre la integración de Treviño en Álava y dijo que el Gobierno actuó "con estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente" y, por tanto, no desde posiciones ideológicas. A juicio del secretario de Estado de Administración Territorial, para solucionar este conflicto son necesarias "mucha voluntad política, mucho consenso y mucho diálogo" entre las partes implicadas mientras el Gobierno "ha de ser enormemente prudente" y no suplantar a los protagonistas. "Esquizofrenia" La senadora de Eusko Alkartasuna, Inmaculada Boneta, recordó las razones "históricas, políticas, geográficas y de sentimientos" que existen para que se produzca la integración del condado, perteneciente ahora a Burgos, en Álava. Boneta achacó la actual situación de "bloqueo", a la falta de voluntad política para llegar a soluciones y para respetar el deseo de los ciudadanos, a quienes "no se les deja" poner los medios para cumplir sus objetivos. La senadora reclamó al Gobierno central una "mediación más contundente" para resolver la "esquizofrenia" que vive el Partido Popular sobre la situación del Condado de Treviño. "Mientras la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, se opone al referéndum, los populares de Álava están a favor y el Gobierno no dice nada". Para Boneta, el secretario de Estado de Administración Territorial no aclaró nada en el debate, al que no asistieron los senadores del PNV. "El secretario de Estado", indicó la senadora nacionalista, "ha dicho que las recomendaciones del Senado y el Congreso son el marco de diálogo a desarrollar por la comisión interinstitucional del Senado, donde están presentes todos los interesados". Sin embargo, Boneta recordó que esa comisión no ha dado ningún paso porque los requisitos que marca el Estatuto de Castilla y León impiden la consulta a los treviñeses sobre su futuro. "El Gobierno habla de respetar la voluntad de los treviñeses, la Junta también, la Diputación de Burgos lo mismo, pero ¿qué hacen para llevar a la práctica ese respeto? Nada". Así, exigió al Ejecutivo una postura más decidida para desbloquear la situación. "No se trata de imponer nada a nadie, ni de modificar algunos puntos de los estatutos de autonomía. Bastaría con que el Gobierno ejerciera su labor de mediación de una manera decidida".