El incumplimiento del horario judicial cuesta 7.458 millones anuales

La Asociación Crítica del Derecho (ACD), que agrupa a varios centenares de juristas -en su mayoría abogados-, ha pedido al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que investigue el incumplimiento de los horarios de trabajo en las oficinas judiciales, que evalúa en unos 7.458 millones de pesetas anuales de pérdidas para el Estado. La ACD denuncia la falta de voluntad de Justicia de exigir el cumplimiento de los horarios, comprobable en la no instalación de relojes de control, y reclama que se investigue por qué no se imponen tales normas.Un estudio realizado por la ACD estima que, sobre las 1.700 horas al año que suponen por término medio las jornadas de 37,30 horas semanales legalmente establecidas para los 15.000 funcionarios de la Administración de Justicia, el incumplimiento es de unas 425 horas / año, lo que significa unas 6,3 millones. Dado que cada hora de trabajo cuesta al erario público 1.170 pesetas, la falta de control sobre los horarios «está costando 7.458 millones de pesetas cada año». La ACD añade que con ese importe se podrían contratar 3.729 personas, a dos millones anuales cada una.

El colectivo de juristas recuerda que, desde que en 1994, por reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, se atribuyó al Ministerio de Justicia la competencia sobre fijación y control de horarios en los juzgados, se ha relajado dicho control, atribuido antes a los decanatos de los juzgados.