Díaz Berbel aplaza el cobro del IBI por las dudas sobre su validez

El Ayuntamiento de Granada ha aplazado el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ante las contradictorias resoluciones de los tribunales económicos del Ministerio de Hacienda sobre la validez de los valores catastrales asignados por la Gerencia Territorial del Catastro de Granada en 1996. Mientras el Tribunal Económico Administrativo Regional ha aceptado las 12.000 reclamaciones presentadas por los contribuyentes de Granada, el Tribunal Económico Central, en contra de resoluciones anteriores, respaldó el pasado mes de marzo las valoraciones del Catastro.

El efecto de las resoluciones contradictorias de los tribunales dependientes del Ministerio de Hacienda respecto a la valoración de los inmuebles no atañe sólo al IBI, sino también al impuesto sobre la renta, el de patrimonio y el de sociedades. El Tribunal Económico Administrativo Regional, una de las entidades dependientes del Gobierno central, comenzó hace pocos días a notificar personalmente a las 12.000 personas que recurrieron la valoración catastral la admisión de su queja. Coeficiente incorrecto Dicho tribunal considera que el coeficiente empleado por la Gerencia del Catastro de Granada para calcular el valor no es correcto y por tanto impugna los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes a 1997. El tribunal no aclara si la resolución ampara sólo a los contribuyentes que presentaron la correspondiente reclamación o si, por el contrario, impugna los valores asignados por el Catastro a los que no recurrieron. Otros varios miles de personas se sumaron el año pasado a los recurrentes iniciales. El grupo municipal del PSOE facilitó entonces un modelo de recurso para impugnar la recaudación del IBI. Entre otras cosas, el recurso mantenía que el Ayuntamiento no había notificado a los granadinos el nuevo coeficiente sobre el cual se calcularía el importe del tributo. La monumental confusión indujo ayer a la Delegación municipal de Economía a aplazar el cobro de los recibos de 1998 hasta aclarar si la Gerencia del Catastro debe aplicar unos coeficientes distintos, como indica la resolución del Tribunal Económico Regional, o mantenerlos, como acordó en marzo pasado el Tribunal Económico Central. El concejal delegado de Economía, Pedro Revilla, dijo que el Ayuntamiento va a consultar con sus servicios jurídicos y con la propia gerencia qué hacer. El embrollo, no obstante, tendrá que ser resuelto por la sala de lo Contencioso-Administrativo, ya que el Ministerio de Hacienda no puede recurrir sus propios actos, cuando éstos sean contradictorios. Para ello será menester que el abogado del Estado recurra las 12.000 resoluciones favorables a los intereses de los contribuyentes. Medida cautelar Revilla dijo que el aplazamiento del cobro del IBI es una medida de "cautela" hasta que no se aclare una situación muy confusa a la que el Ayuntamiento, dijo, es ajeno. Sin embargo, el equipo de gobierno del Partido Popular conocía, cuando puso al cobro el IBI de 1997 basado en las valoraciones de 1996, que éstas habían sido recurridas con éxito en otras provincias. Aun así decidió poner al cobro los recibos. El pasado mes de noviembre el Tribunal Económico Regional confirmó tales sospechas, pero no ha comenzado a notificar las resoluciones sobre las 12.000 reclamaciones presentadas hasta hace unos días.