El juez ratifica el 18 de junio para el juicio contra Hachuel por delitos fiscales

José Luis Sánchez Trujillano, titular del Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, ha confirmado para el próximo 18 de junio la celebración del juicio oral contra el financiero Jacques Hachuel, Ángel Izquierdo y Elvira González Frax por presuntos delitos fiscales, de estafa y falsedad en documento mercantil en la liquidación del impuesto de sociedades y del IVA entre los años 1988 y 1992. El juez desestimó, en un auto notificado el pasado 11 de mayo, todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados.Los presuntos delitos fiscales fueron cometidos, según el ministerio fiscal, por las sociedades Martolinas y Varations Internacional, propiedad de Hachuel. La cuota defraudada en el impuesto de sociedades de la compañía Martolinas asciende a 224,8 millones de pesetas, en tanto que las devoluciones indebidas del impuesto al valor añadido alcanzan los 474,7 millones

El abogado Luis Rodríguez Ramos, que defiende a Hachuel, planteó la "prejudicialidad contencioso-administrativa", esto es, la suspensión del juicio penal hasta que se sustanciara en el terreno contencioso el tema fiscal. En caso de que esto no fuese aceptado, el abogado proponía celebrar el juicio solamente por las presuntas estafas y falsedades. La defensa de Ángel Izquierdo, por su parte, recusó a los peritos judiciales, inspectores de Hacienda, que elaboraron los informes, adhiriéndose también a la prejudicialidad contencioso-administrativa.

No ha lugar

El juez señala que el planteamiento de prejudicialidad no puede prosperar, en primer término, porque no está acreditada la existencia de un presunto conflicto de competencia. Además, si hipotéticamente fuese aplicable -cosa que no se da en este caso-, "nada habría de impedir el conocimiento del asunto de esta jurisdicción penal". El auto señala asimismo que la diferencia esencial entre la infracción tributaria y el delito fiscal, en cuanto ilícito penal, "lo constituye la cuantía de la defraudación, cosa que en principio no se discute".

En el auto se rechazan asimismo la pretendida nulidad de los escritos de acusación por presuntos errores e imprecisiones y la existencia de una "animadversión" personal de los peritos judiciales hacia los acusados. "La pericia", dice el auto, "previsible que vengan a desempeñar en el proceso no deja de ser una prueba más, susceptible de contradicción".

La defensa de Izquierdo utilizó, al recusar a los peritos, uno de los argumentos del caso Banesto según el cual los inspectores de Hacienda percibirían un hipotético "complemento" por su actuación. "La mención", dice el auto, "no deja de ser una cuestión anecdótica, estrictamente baladí, que no requiere mayor comentario que el que se hace para su constancia y desestimación por manifiesta inconsistencia". En el juicio, el ministerio fiscal pide 11 años de prisión para Hachuel e Izquierdo por dos delitos fiscales, una estafa continuada y falsedad en documento mercantil. Elvira González Frax, que actuó en Variations, es acusada de presunta estafa. Banesto, a través de Variations, es responsable civil subsidiaria.