Una sentencia obliga a una urbanización privada a dar servicios a un psiquiátrico

La jueza del número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Isabel Nicasio Jaramillo, ha emitido una sentencia por la que obliga a la comunidad de vecinos de la urbanización Andalucía La Real a conectar, a su cargo, el suministro de agua y luz a un chalé en el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había instalado un centro de atención a pacientes psiquiátricos. La oposición de una parte del colectivo vecinal a la presencia del centro había provocado la negativa de la urbanización privada a facilitar los servicios.

Las Administraciones públicas implicadas habían solucionado el problema con depósitos de agua, que han sido periódicamente cargados por camiones cisterna, y un generador que facilita fluido eléctrico. La sentencia obliga, además, a los vecinos a pagar las operaciones de transporte de agua "hasta una cantidad de 10 millones de pesetas". Las críticas vecinales, basadas en "el perjuicio para la calidad de vida del entorno provocado por la instalación asistencial", había generado una dura contestación por parte de las administraciones implicadas en el centro. La Diputación de Cádiz, propietaria del chalé cedido al SAS para este uso, llegó a presentar una demanda de amparo en el juzgado que ahora ha sido atendida, en base a una sentencia anterior en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se había pronunciado sobre "la adecuación del uso conferido a la vivienda". Por su parte, el Ayuntamiento de El Puerto ha venido aportando agua en sus camiones de suministro a los depósitos, operación en la que también ha intervenido el propio SAS. El alcalde portuense, Hernán Díaz Cortés, comentó ayer que se podía haber evitado la situación si los vecinos hubieran dialogado.