Pujol garantiza al Defensor del Pueblo que le consultará la aplicación de la ley del catalán

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, hicieron ayer las paces sobre la ley del catalán. Al menos, unas paces aparentes: tras su entrevista en Madrid, ambos se declararon satisfechos. Pero fue Álvarez de Miranda quien tenía más razones para estarlo: Pujol no sólo le ofreció "garantías y seguridades" de que la ley se aplicaría sin dañar los derechos de ciudadano alguno, sino que obtuvo el compromiso de celebrar nuevas reuniones en cuanto surgiera alguna "pequeña discrepancia" sobre el desarrollo de la norma lingüística.

La función de vigilancia del Defensor del Pueblo, quien mantuvo algunas reservas sobre la ley, quedó así reforzada. Una hora de conversación en la oficina de Álvarez de Miranda bastó para cambiar bastantes cosas. Pujol se mostró dolido muy recientemente ante el Parlamento catalán porque el Defensor del Pueblo, según dijo, sólo pensaba en los derechos de los castellanohablantes; ayer, sin embargo, percibió una "gran sensibilidad hacia los derechos de los catalanohablantes". Álvarez de Miranda, que en su carta del 8 de abril a las autoridades políticas catalanas recomendaba cambios en la ley y expresaba una clara preocupación ante los riesgos de inconstitucionalidad que entrañaba la aplicación de ciertos artículos, dijo ayer que la entrevista había "resuelto algunos malentendidos". El Defensor del Pueblo, sin embargo, mantuvo sus reservas. Dijo que había alcanzado con Pujol un "acuerdo general", pero "no un total acuerdo". Y añadió que durante el desarrollo reglamentario de la ley podían aún plantearse "algunas dificultades". En ese sentido, Fernando Álvarez de Miranda consideró imprescindible un contacto constante con la Generalitat para vigilar de cerca la aplicación de la ley del catalán y evitar que se cumplieran sus principales temores: "Que se impusiera como deber general el conocimiento del catalán y que se deteriorara el castellano como consecuencia del refuerzo del catalán". Cambio de tono Álvarez de Miranda había decidido recurrir contra la ley ante el Tribunal Constitucional. En el último momento cambió su decisión, "en conciencia, después de haber escuchado y leído numerosas interpretaciones y dictámenes y sin recibir presiones de instituciones o personas", según precisó, pero hizo una larga serie de recomendaciones. Ayer, Jordi Pujol le entregó un documento que trataba de responder punto por punto a las sugerencias del Defensor del Pueblo y garantizarle que en ningún momento se vulneraría ningún derecho constitucional. Durante la conversación, Pujol insistió en que la ley sería aplicada de forma "muy gradual y consensuada", sin imposiciones y previa negociación con los sectores sociales y económicos afectados "para limar posibles aristas". El tono utilizado ayer por Pujol distaba del que empleó el pasado 16 de abril, cuando ante las cámaras de TV-3, el presidente de la Generalitat consideró innecesarias algunas de las observaciones hechas por Fernando Álvarez de Miranda. "Dice que debemos tener cuidado con el espíritu de la ley. Me parece una muestra de desconfianza que no merecemos; y, en cualquier caso, lo mismo puede decir de cualquier ley, sea la que sea", dijo entonces Pujol. En la misma línea, el síndic de Greuges, Anton Cañellas, afirmó el pasado 7 de mayo en el Parlament que una carta suya de contenido "muy duro" había hecho reconsiderar al Defensor del Pueblo su decisión de recurrir contra la ley del catalán. "Sería aventurado decir que gracias a mí no se ha presentado recurso. Podría ser, pero es una incógnita", dijo Cañellas. El síndic añadió que dirigió la carta a Álvarez de Miranda una vez el Defensor del Pueblo le notificó su intención de recurrir.PASA A LA PÁGINA 3