La política nacional en el euro

El lanzamiento del euro ha quedado atrás. La gran decisión está tomada. Lo interesante ahora es mirar hacia adelante y otear que en este horizonte se adivina una nueva forma de hacer política, no sólo ya europea, sino también nacional. El euro cambia muchos parámetros. Los Gobiernos ganan en capacidad colectiva, pero tendrán ahora menos -aún menos- margen de maniobra individual. No obstante, queda espacio de elección suficiente para no tener que hablar ni de pensamiento único ni de política inevitable.En el caso de España, hay que decir adiós a las devaluaciones; adiós a los grandes déficit del Estado, pues el pacto de estabilidad va a ser una camisa de fuerza mucho más estrecha que la que impera para cada uno de los Estados federados de EE UU, como bien nos recuerda Diego Hidalgo en su nuevo libro Europa: globalización y unión moneteria (Madrid, 1998). E incluso hay que decir adiós a cambios demasiado bruscos en los sistemas impositivos, pues la nueva situación fuerza una mayor -no total- armonización de estos regímenes. De hecho, uno de los milagros provocados por la proximidad del euro ha sido la aceleración de las negociaciones para la armonización fiscal, menos de los impuestos sobre la renta del trabajo personal, más sobre los rendimientos del capital y los impuestos indirectos (aunque en éstos, como ocurre en Estados Unidos, pueda haber variaciones según los Estados). Podría incluso haber un primer acuerdo en el Consejo Europeo de junio en Cardiff.

Los tipos de interés los fijará esa institución auténticamente supranacional que va a ser a partir del 1 de junio (de nuevo, otro acelerón, pues su formación se va a adelantar un mes) el Banco Central Europeo (BCE). El cambio va más lejos, pues hasta ahora la política monetaria del Banco de España y la económica del Gobierno tenían cierta coordinación o intercambio de información. Esa bilateralidad se pierde. No hay instrumentos previstos de consulta permanente del Gobierno español al presidente del BCE. Sí colectivos.

Como instrumentos de política económica -más allá de la gestión del desempleo en una Europa en que se mueven mucho más las empresas que los trabajadores- quedan sobre todo los salarios. Pero éstos, como en general las relaciones laborales, tenderán a quedar cada vez más en manos de los interlocutores sociales, probablemenete más pegados a la realidad empresarial, y más lejos de los Gobiernos. A éstos les queda, no el nivel, sino la distribución del gasto público. Siempre cabe caer en la tentación de un nivel de gasto superior al permitido, pero el país acabaría pagando lo que acabaría por constituir una forma normalmente poco abordada de shock asimétrico derivado de una decisión política.

Son sólo graffiti con los que apuntar que hemos cambiado de paradigma; que hay que cambiar de manera de pensar y de abordar las políticas nacionales en casi todos los ámbitos. Ahora se trataría de diseñar el futuro incorporando esa variable -o mejor dicho, en breve, esta constante- que va a ser el euro, que va a afectar a casi todo. En este nuevo contexto, va a ganar mucha más importancia para la política nacional la capacidad que tenga el Gobierno de turno de negociar buenas condiciones en el foro colectivo que es la UE y sus instituciones. La labor estratégica del Estado se tiene que ver reforzada a la hora de definir y defender los intereses nacionales dentro de un interés general europeo. Por ejemplo, a la hora de defender las bolsas españolas, que en un principio acudieron en orden disperso frente a París o Francfort, que quieren aprovechar el tirón del euro y de la temporal ausencia británica.

Más allá del hemos llegado, será interesante comprobar en el debate sobre el estado de la nación que empieza mañana, en qué medida el presidente del Gobierno y el candidato socialista han asumido este cambio de marco de referencia. O si, políticamente hablando, nos hemos quedado aferrados a un tiempo que ha pasado.