Los retos macroeconómicos

Una vez ratificada por el Consejo de Europa la entrada de España en la unión monetaria en el grupo de cabeza, hay que empezar a plantearse qué problemas macroeconómicos pueden surgir en los próximos tres o cuatro años, es decir, hasta que desaparezcan definitivamente las monedas nacionales y se sustituyan por el euro en julio del 2002. El principal reto es el de la inflación. En este momento la economía española está creciendo a tasas cercanas al 4%; la Bolsa está muy recalentada; los activos inmobiliarios, en plena recuperación, y los salarios, creciendo al 4%, como resultado todo ello del impulso expansivo que la reducción de los tipos de interés nominales y reales ha tenido sobre la demanda de consumo e inversión. Actualmente, el tipo de interés real a un año se sitúa justo por debajo del 2%, nivel que no se conocía en nuestro país desde hace varias décadas. El problema surge porque, de aquí al 1 de enero de 1999, el Banco de España tendrá que reducir aún más sus tipos (4,25% ahora) de intervención para converger con los de los países centrales. Si Alemania no sube los tipos (3,30%) después de las elecciones aún queda casi un punto de recorrido para España. Un punto de bajada del interés real contribuye con 0,5% al crecimiento del PIB a medio plazo.Esta política monetaria expansiva en un momento de recuperación rápida del crecimiento tendrá un efecto procíclico que va a traer consigo presiones inflacionistas en 1999.

Ante este dilema caben tres soluciones, todas complementarias. La primera es que el Banco de España intente retrasar al máximo la bajada. Lo óptimo sería hacer la reducción que queda el último día del año. Al día siguiente, el Banco Central Europeo tomaría el relevo y, en la primera subasta de repos bisemanales, podría subir los tipos, con lo que el efecto procíclico de la política monetaria sería menor. La segunda consiste en compensar la prociclicidad de la política monetaria con una política fiscal más restrictiva. Es decir, dado que la política monetaria expansiva va a tener un efecto alcista sobre los precios, hay que tratar de reducir en mayor medida el déficit presupuestario, tanto en 1998 como en 1999, para que la demanda interna sea menos expansiva. La política fiscal va a ser, a partir de ahora, la única política estabilizadora posible que queda en manos nacionales, aunque tenga el corsé del Pacto de Estabilidad. Aspecto éste al que aludiré más adelante. La tercera consiste en mantener la moderación salarial y evitar una presión al alza por el lado de los costes.

Los principales retos a medio plazo van a ser dos: el problema de la inflación y el de la sostenibilidad fiscal.

¿Por qué la inflación? La respuesta viene dada por la necesidad de convergencia real debido a las disparidades estructurales y de renta que existen entre unos países y otros. Mientras que en Estados Unidos sólo dos estados (Misisipí y West Virginia), con el 2% de la población, tienen una renta per capita inferior al 75% de la media, en Europa el 25% de los ciudadanos viven en regiones objetivo 1 con menos del 75% de la renta per capita media europea, que oscila entre un 65% de Grecia y un 163% de Luxemburgo. Igual pasa con el crecimiento, que varía entre el 5,8% de Irlanda y el 1,6% de Austria, y con el desempleo, que oscila entre el 3% y el 4,3% de Luxemburgo y Austria y el 19,6% de España.

Esta falta de convergencia real significa que los países, como España, con menor renta per capita y mayor desempleo, deberán crecer más rápido que los demás países miembros para conseguir mejorarla en el futuro. Lógicamente, al crecer más rápido que otros países, su tipo de cambio real tenderá a apreciarse no mediante una apreciación del tipo nominal, que ya no existirá por haber desaparecido la peseta, sino mediante un aumento de los precios españoles frente a los del resto de los países miembros.

Dicha mayor tasa de inflación afectará, fundamentalmente, a los precios de los bienes y servicios no comerciables y a los activos financieros e inmobiliarios, ya que los comerciables estarán expuestos a una creciente competencia. Al aumentar los precios de los no comerciables se incrementará la demanda de trabajo en dicho sector y, en consecuencia, los salarios tenderán a aumentar. Al final, dicho aumento terminará por trasladarse a los bienes y servicios comerciables, dada la estructura, poco descentralizada, de negociación salarial en España, con lo que se perderá competitividad, empleo y renta.

Mientras tanto, la política monetaria del Banco Central Europeo no podrá actuar restrictivamente para reducir la inflación mayor en los países que crecen más rápido, ya que tiene que tener como objetivo fundamental la inflación media ponderada de los países miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y, por tanto, tenderá a ser poco restrictiva para los países que tienen mayor tasa de inflación y poco expansiva para los países que tienen una inflación inferior a la media. Es decir, actuará procíclicamente y expansivamente en el caso de que España crezca más rápidamente que la media y tenga una mayor tasa de inflación, con lo que, finalmente, no podrá ayudar a corregirla y España tenderá a perder más competitividad y a reducir su crecimiento e inflación. Si los precios y los salarios son muy rígidos a la baja, como ocurre en España, al final, el ajuste tendrá que venir a través de un desplome de los precios de los activos y del empleo. Para evitar esta situación no hay más salida que como he indicado anteriormente, hacer una política fiscal anticíclica que evite la excesiva volatilidad en el crecimiento y en la inflación.

El segundo problema macroeconómico que se va a plantear a España a medio plazo es el de la sostenibilidad fiscal, que está también relacionado con la necesidad de hacer una política fiscal estabilizadora. En estos últimos años, la prioridad de todos los Gobiernos ha sido la de cumplir el objetivo de déficit público en términos del PIB y se ha logrado, en todos los casos, gracias a una combinación de reducciones de gasto, de aumentos de impuestos y de medidas puntuales de ingreso que sólo se pueden hacer una sola vez, como las privatizaciones, el recorte de la inversión pública y algunas ingenierías financieras que han adelantado ingresos y han centrifugado gastos. Los dos casos más espectaculares han sido los de Italia y España. El primero ha reducido en 4,1 puntos porcentuales el déficit en dos años, y el segundo, en 3,6 puntos porcentuales en el mismo periodo.

Esto no significa que con ello, se haya conseguido automáticamente la sostenibilidad fiscal y presupuestaria. En los dos últimos años, Italia ha logrado reducir su deuda sobre PIB en 2,6 puntos porcentuales y se sitúa hoy en 122,3%, y España la ha aumentado en 1,4 puntos (aunque la redujo 0,7 puntos en 1997), debido fundamentalmente a las privatizaciones.

Ante esta situación se plantean dos incógnitas. La primera es saber hasta qué punto las medidas no recurrentes, o «por una sola vez», han sido importantes y si, sin ellas, se va a poder lograr mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB en los próximos años. La segunda es saber si el superávit primario en el presupuesto va a ser lo suficientemente elevado para permitir que la deuda en términos de PIB continúe su marcha descendente.

En principio, la relación deuda pública-PIB puede reducirse por dos vías. La primera es consiguiendo que la tasa de crecimiento real sea superior al tipo de interés real implícito de la deuda pública. En este momento, el crecimiento español se sitúa en el 4%, y el tipo de interés medio de la deuda pública se sitúa (tomando una media entre los tres meses y el año y los 10 años), en un 6% aproximadamente. De no poder hacerlo por esta vía, la segunda es consiguiendo un superávit primario presupuestario (es decir, descontando del déficit público el volumen anual de pagos por los intereses de la deuda), lo suficientemente elevado. En principio, dado que el superávit primario actual español es del 2,3% del PIB, sería suficiente para conseguir que la deuda se redujese lentamente, en los próximos dos o tres años, salvo que la caída de la recaudación por la introducción del IRPF fuese mayor de la prevista.

Dado que la deuda pública tiene una duración media de cuatro años, ésta aún no ha recogido en su totalidad la bajada de tipos de interés de estos dos últimos años, con lo que el servicio de la deuda será menor en 1999 y en el 2000 y se podía conseguir un mayor superávit primario. Pero, la manera de asegurarlo es que se haga mayor esfuerzo en el recorte de los gastos públicos, lo que necesitará que se lleven a cabo, con decisión, importantes reformas en las administraciones públicas y en todas las transferencias tanto de pensiones de jubilación e incapacidad como de desempleo.

La prueba de fuego vendrá en los países como España con la próxima recesión. Si no se ha logrado mantener el superávit primario en el nivel actual o mantenerlo, el déficit superará de nuevo el 3% establecido por el Pacto de Estabilidad y se nos aplicarán sanciones, que harán más difícil la sostenibilidad fiscal y forzarán a hacer reformas estructurales del gasto aún más duras, en momentos además, de contiendas electorales.