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Una isla a prueba de bombas

La isla ni es mágica ni guarda un tesoro. Al contrario, alberga algo que ha logrado resucitar la oposición frontal de los partidos políticos de izquierda y de los ecologistas contra el militarismo y los posibles daños ecológicos que puede ocasionar su construcción. A 700 metros de la costa gaditana, entre Cádiz y San Fernando, frente al Polígono de experiencias Costilla, una isla artificial -oficialmente una Plataforma para ensayos balísticos- va a recibir los impactos de lo más granado de la munición de la marina y la infantería española: los misiles anticarros Milan y Tow y los misiles para estaciones lanzadoras Aspid, Roland y Mistral. Los disparos los recibirán dos losas de 637 toneladas cada una, preparadas para resistir el impacto directo de un objeto de 1.000 kilogramos en caída vertical. Hasta ahora en el Costilla, un centro de experimentación balística en el que se desarrollan importantes programas de I+D y se evalúa la eficacia del armamento español, se practicaba con lanzagranadas, morteros y artillería antiaérea, además de efectuarse pruebas con las bases de misiles anticarros. Según el proyecto presentado en el Ayuntamiento de Cádiz, la isla, con una superficie de 25 x 12 metros cuadrados y 6.900 metros cúbicos contará con un muelle de atraque adosado, un almacén bajo la plataforma, un taller y una sala de máquinas y recibirá los disparos desde tres asentamientos de tiro situados en la playa. Sin embargo, este proyecto tiene su origen, paradójicamente, en la desafectación de cuatro kilómetros de la playa de Camposoto en San Fernando para uso civil. Esto ha obligado a una desviación de la línea de tiro, que antes discurría paralela a la costa y ahora se adentra en el mar. Se cumple así una histórica reivindicación de esta población. El proyecto ha salido a la luz pública de modo fortuito. El concejal de Nueva Izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz Juan Ortuño halló la carpeta con el sello del Ministerio en el área de Urbanismo cuando consultaba el proyecto del soterramiento de la vía del tren. Tras una polémica con el equipo de gobierno- que le acusa de haber sacado la información de modo irregular, lo que niega Ortuño-, el edil ha advertido del "grave perjuicio" que el proyecto tendrá para el medio ambiente, la pesca y el turismo. "La ampliación de las experiencias a armadas a cohetes y misiles constituyen una novedad en nuestra zona que se antoja preocupante", señala Ortuño, "en ningún lugar del mundo se ubican estas instalaciones rodeando a importantes núcleos de población". El lugar donde se ubicará el ingenio dista unos siete kilómetros de los cascos históricos de Cádiz y San Fernando Situación especial El Ayuntamiento, que ha emitido un informe técnico a petición de Defensa, indica que se trata de una construcción en suelo del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que no se contempla en el PGOU y que supondrá la instalación de tendidos eléctricos aéreos, que precisamente están en fase de supresión en el Parque. No obstante, el municipio, gobernado por el PP, deja abierta una puerta al asumir "la situación especial" que generan las instalaciones militares. "Nosotros nos limitamos a informar técnicamente sobre la cuestión, pero no entramos a valorar qué es lo que se va a hacer allí, porque lo ignoramos y porque no nos corresponde", explica el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Guillermo Boto. Desde el PSOE, el diputado Alfonso Perales ha solicitado toda la información sobre al proyecto e IU ha pedido la comparecencia del secretario de estado de Defensa. La Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) ha anunciado batalla "social y legal", ha dicho su coordinador Juan Clavero, quien cree que es "impresentable" el aumento "de la militarización de la provincia".

El Gobierno rectifica

Antonio Aragón, portavoz de la Plataforma contra el Polvorín de Barbate, expresó ayer su satisfacción por la renuncia del Gobierno a la construcción de la instalación, aunque advirtió que el colectivo "seguirá batallando". "Juntos debemos lograr ahora ir desafectando paulatinamente el resto de las instalaciones militares que afectan a la localidad". Barbate tiene el 60% de su término municipal afectado por superficies militares y por el parque natural del Acantilado y de las Marismas del río Barbate. La plataforma, que se, manifestó en dos ocasiones, contó con la colaboración de todos los partidos políticos. El alcalde barbateño, el independiente Serafín Núñez, agradeció ayer a Defensa "su atención con nuestras reivindicaciones" y apeló al trabajo de todos "para lograr nuevas metas". El traslado de los polvorines a Barbate fue justificado por el ministro de Defensa, Eduardo Serra, en que esta opción minimizaba los riesgos que comporta el traslado del armamento que se utiliza en las maniobras que se desarrollan en este campo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de mayo de 1998

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