Los municipios próximos a centrales nucleares reclaman 40.000 millones

La Asociación de Municipios Afectados por Centrales nucleares (AMAC) ha cuantificado en unos 40.000 millones de pesetas la inversión pública necesaria para la reactivación industrial de las áreas en las que hay instaladas plantas productoras de energía atómica. Esta asociación negocia con el Ministerio de Industria y Energía un programa marco que permita a los municipios afrontar económicamente la clausura de las nueve centrales nucleares españolas, prevista para antes del 2025.

Según la AMAC, tanto la presencia como el futuro cierre de las plantas atómicas supone para su territorio un problema socioeconómico que tan sólo se resolverá con una fuerte inversión pública destinada a fomentar su desarrollo y prevenir su declive industrial. Según un estudio presentado ayer en Tarragona, los municipios afectados por este tipo de instalaciones presentan una coyuntura socioeconómica similar a la de otras áreas rurales españolas, con igual o mayor número de parados, parecidos índices de actividad en los tres sectores económicos e incluso menor renta per cápita. Sin embargo, estas zonas dependen casi exclusivamente de los recursos que proporcionan las centrales nucleares, unos ingresos que tienen fecha de caducidad. La Asociación de Municipios Afectados por Centrales nucleares reclama al Ministerio de Industria ayudas directas e indirectas. Las primeras deberían proceder de las administraciones públicas y de las empresas eléctricas propietarias de plantas atómicas, a través de programas de fomento de la inversión, mientras que las subvenciones indirectas se concretarían mediante una rebaja de la tarifa eléctrica para las industrias que se instalen en estas poblaciones, debido a su condición de zonas productoras de energía. A finales el pasado año, el PSOE presentó en el Senado un proposición no de ley que recogía las principales aspiraciones de la AMAC, pero fue rechazada por el Grupo Popular y el de Convergència i Unió. 500 millones por población La asociación calcula en unos 40.000 millones de pesetas en 10 años la inversión pública necesaria en las siete áreas nucleares españolas -las de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo, Garoña, Zorita y Vandellòs-, a razón de 500 millones de pesetas por cada municipio afectado. Esta definición se aplica a las poblaciones que están situadas a menos de 10 kilómetros de la instalación nuclear. Por el momento, tan sólo el municipio de Trillo ha presentado al ministerio un estudio pormenorizado sobre las inversiones que se deberían realizar en una década, evaluadas en 40.000 millones de pesetas. Para las zonas de Vandellòs y Ascó se calculan en unos 3.000 y 6.000 millones, respectivamente. El estudio de la AMAC intenta desmitificar el tópico sobre la riqueza de las poblaciones de los alrededores de centrales nucleares. En cuanto a la provincia de Tarragona, el informe revela grandes diferencias económicas entre el área de Ascó, que ha evolucionado negativamente en población, renta per cápita y empleo, y la de Vandellòs, que crece por encima de la media española a causa de su situación geográfica. Según la AMAC, los 40.000 millones que reclaman tan sólo representarían un 30% de las inversiones totales, ya que el 70% restante le correspondería aportarlo a la iniciativa privada. El Ministerio de Industria ha condicionado la concesión de las subvenciones a que la AMAC presente estudios detallados sobre el destino final de las ayudas. Sin embargo, el Gobierno central ya ha advertido a la asociación que la mayoría de las subvenciones procederían de los programas de la Unión Europea, por ejemplo el Feder o el Leader. Por este motivo, la AMAC ha iniciado conversaciones con sus homólogas europeas para que la UE desarrolle programas destinados a la reactivación industrial de las zonas donde se clausuran centrales nucleares. La asociación que agrupa a todas las entidades europeas se reúne esta semana en el norte de Francia para discutir los problemas que les afectan y concretar sus reivindicaciones con vistas a las futuras negociaciones con la UE.