Conflicto entre Aragón y Cataluña por el arte eclesiástico de la Franja

El contencioso sobre la propiedad de más de un centenar de obras de arte religioso procedentes de las parroquias aragonesas que hace dos años se segregaron de la diócesis de Lleida ha provocado el primer enfrentamiento institucional entre Cataluña y Aragón. La Generalitat anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional si la Diputación General de Aragón no renuncia al derecho de recompra sobre piezas procedentes del monasterio de Sigena, en Huesca. Las autoridades aragonesas afirmaron que no piensan renunciar a él.

El conflicto entre las administraciones políticas y religiosas de ambas comunidades estalló poco después de que la Santa Sede diera luz verde, en 1995, a la segregación de 111 parroquias de la franja oriental de Aragón que durante varios siglos habían pertenecido a la diócesis de Lleida. Aragón interpretó que el decreto de segregación incluía los bienes y documentos de las iglesias. El Departamento de Cultura ha planteado un requerimiento de incompetencia a la Administración aragonesa, que pretende ejercer el derecho de retracto sobre los bienes del monasterio de Sigena que fueron adquiridos por la Generalitat en 1983 y 1992 por 45 millones de pesetas. Según las autoridades aragonesas, el total de las obras adquiridas por esta cantidad fue de 119, cifra en la que discrepa la Generalitat. Por ello, la Generalitat ha requerido al Gobierno aragonés que derogue y deje sin efecto dos órdenes del consejero de Educación y Cultura, de fechas 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 1998, referidas al patrimonio de Sigena. En caso de que no se atienda el requerimiento, firmado por el presidente Jordi Pujol el pasado 22 de abril, el Gobierno catalán cumplirá su amenaza de plantear un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional. La Generalitat argumenta que la pretensión aragonesa de recomprar por el mismo precio de venta unos bienes obtenidos legalmente en su momento vulnera las competencias en materia de patrimonio histórico-artístico. Pujol reiteró ayer la voluntad de la Generalitat de defender el patrimonio religioso de la diócesis de Lleida, cuya titularidad dictaminará en breve el Vaticano. "Si de algo ha de culparse a la Generalitat es de un exceso de respeto a las decisiones de las autoridades eclesiásticas", afirmó Pujol. El Gobierno de Aragón, por su parte, se reafirmó ayer en su derecho de retracto sobre el patrimonio de Sigena, cuya venta provocó una gran polémica cuando se descubrió, en febrero de 1997, que se había realizado sin el permiso de las autoridades aragonesas. La recuperación de los bienes de las parroquias de la Franja conservados en la diócesis de Lleida ha sido una reclamación constante de las fuerzas políticas y sociales de Aragón. El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Manuel Jiménez Abad, dijo ayer: "La Generalitat sabe que tenemos razón y por eso plantea el conflicto. Esos bienes son de Aragón. Además nuestros servicios jurídicos entienden que tenemos plena competencia, según el artículo 35.33 de nuestro estatuto, que nos la otorga de forma exclusiva en materia de patrimonio artístico, cultural, histórico, monumental, arqueológico y científico".