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Ortega admite que cobró dietas de una caja siendo consejero

Luis Barbero

Lo que comenzó como un debate tranquilo sobre interpretación de leyes, terminó en una bronca en la que se oyeron hasta descalificaciones personales. La esperada presencia del consejero de Relaciones con el Parlamento, Antonio Ortega, para explicar su posible incompatibilidad, al haber ejercido, al mismo tiempo, como secretario del consejo de administración de la Caja San Fernando, no decepcionó. El consejero andalucista reconoció que cobró dietas de la caja durante varios meses, aunque subrayó que posteriormente renunció a ellas.

Partido Popular e Izquierda Unida pusieron contra las cuerdas al consejero, que se defendió con una vieja estrategia militar: atacando. El portavoz de IU, Luis Carlos Rejón, fue quien con más tenacidad y argumentos acosó a Ortega, que al final de la comparecencia llegó a espetar al diputado izquierdista que su actitud de ser "espada de la derecha" durante el bienio de la pinza le ha llevado al "fracaso político personal". Del mismo tenor fueron las imputaciones que hizo al portavoz del PP en la comisión de Coordinación de las Administraciones Públicas, Antonio Sanz, de quien dijo que era "un desahogado político". Ortega comenzó con una declaración de principios en la que reiteró que era "absolutamente compatible" su cargo en la Caja San Fernando con su condición de parlamentario y de miembro del Gobierno andaluz. El consejero andalucista volvió a esgrimir la Ley Electoral de Andalucía (artículo 6.2.e), que permite a los parlamentarios ser integrantes del consejo de administración de una caja pública siempre que sean miembros del Gobierno andaluz. Rejón replicó a Ortega que no está en la Caja San Fernando en representación del Ejecutivo andaluz, sino que entró por la cuota del Ayuntamiento de Sevilla. Sanz, a continuación, ahondó en este argumento y, ahí, se abrió la caja de los truenos. "Sus argumentos como juristas no me merecen ningún respeto. Ustedes citan leyes de las que no tienen ni idea. Demuestran una ignorancia supina. Su opinión es política y no es más verdad que la mía", afirmó, irritado, Ortega. Ortega afirmó que presentó en el Registro de Bienes e Intereses de Altos Cargos su situación en la caja, pero que nunca pidió un informe jurídico, circunstancia que había sido corroborada antes por la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, que compareció en la misma comisión antes que el titular de Relaciones con el Parlamento. IU y PP recordaron que nada más salir el asunto a la luz, Ortega dijo que sí había pedido el informe. Añadió una vez más que no declaró su pertenencia al órgano de Gobierno por un "error burocrático". PASA A LA PÁGINA 3

Hermosín propone mejorar la ley de Incompatibilidades

VIENE DE LA PÁGINA 1 La comparecencia de la consejera Hermosín había sido bastante más tranquila. Mientras que IU tenía claro que el objeto de la crítica política en este caso debía centrarse en Ortega, el PP intentó también extender la responsabilidad del asunto a la consejera de Gobernación. Hermosín volvió a reiterar lo que ya ha dicho en anteriores ocasiones: su departamento sólo se encarga de la custodia de los documentos que entregan los altos cargos, y que, en ningún, caso puede hacer juicios sobre la compatibilidad o no. Lo que sí quedó claro durante la comisión es que la ley de Incompatibilidades de Andalucía tiene algunas lagunas, que Hermosín animó a los demás partidos a corregir. Como consecuencia del asunto que afecta al titular de Relaciones con el Parlamento se ha comprobado que en la Administración autonómica no hay ningún órgano fiscalizador que pueda detectar las posibles incompatibilidades de los altos cargos, así como que no existe un mecanismo sancionador para las situaciones irregulares. "No está prevista la sanción en nuestra legislación y es una grave carencia", dijo la consejera. Luis Carlos Rejón reconoció que la ley deja al alto cargo la "autoevaluación o el autoexamen" sobre su situación, pero sostuvo que al no existir en Andalucía un régimen sancionador se puede aplicar, de forma supletoria, el que hay en la ley de incompatibilidades estatal. Tanto Ortega como Hermosín dijeron que este mecanismo no es válido para la comunidad. Registro de Bienes El portavoz parlamentario de IU sostuvo que el hecho de que Ortega no declarase que era miembro del órgano de gobierno de la caja en el Registro de Bienes del Parlamento, en el que sí que hay una comisión que se encarga de dictaminar sobre posibles incompatibilidades, demuestra que el consejero "ocultó de forma intencionada" a la Cámara su situación. Además, preguntó de forma insistente al dirigente andalucista que si tenía pensado "devolver las 420.000 pesetas" que cobró de la caja en concepto de dietas durante la época en la que fue al mismo tiempo consejero. Ortega no respondió, sólo reconoció haber cobrado 70.000 pesetas en 1997 y afirmó que luego pidió a la caja que no le enviasen más dinero por este motivo. En esos momentos, hubo varias interrupciones por no respetar unos diputados las intervenciones de otros. La Comisión del Estatuto de los Diputados se reúne hoy y dará un dictamen sobre la posible incompatibilidad de Ortega como diputado. Fuentes parlamentarias apuntaron ayer a una posible amonestación por no haber declarado en el Parlamento su relación con la caja. Tanto PP como IU mantuvieron ayer que Ortega ha estado en una situación irregular durante dos años. "Ha sido una incompatibilidad clamorosa", dijo Rejón en un momento de la comisión. Ortega, al finalizar su comparecencia, acusó a ambos partidos de practicar el linchamiento y de no querer la estabilidad del Gobierno.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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