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La Generalitat quiere unificar la autoridad y los tributos del agua

Marta Lacambra, secretaria general del Departamento de Medio Ambiente, ha iniciado conversaciones con la oposición para negociar la ley que dé paso a la creación de la Agencia Catalana del Agua. La nueva ley busca unificar el ciclo del agua, incluidas la Junta de Aguas y la de Saneamiento, y reducir a uno solo los tributos que los usuarios pagan en el recibo del agua. Esta vía debe abrir paso a una solución para acabar la guerra del agua, que enfrenta a la Administración catalana con 70.000 familias.

Lacambra ha mantenido, hasta ahora, al menos dos reuniones. Una con los socialistas, a la que asistió el diputado Manel Nadal, y otra con Iniciativa per Catalunya, cuyo representante fue Joan Boada. Los dos diputados de la oposición coinciden en apreciar la filosofía general que inspira el anteproyecto que se les ha dado a conocer, pero prefieren esperar para ver si la redacción del texto recoge sus aspiraciones. Boada cree percibir una mayor voluntad de diálogo que en la época en que era titular de Política Territorial Artur Mas. Hay, cuando menos, dos anteproyecto de ley a los que ha tenido acceso este diario. En el primero, la ATLL (Aguas Ter Llobregat, empresa que distribuye en alta el agua) desaparecía, mientras que en el segundo se mantiene como un operador más, pero perdiendo parte de sus competencias actuales. Un único impuesto ecológico Donde hay coincidencia es en la voluntad de reducir los tributos que hoy gravan el recibo del agua a uno solo. El anteproyecto propone "simplificar la tributación al crear un único impuesto de naturaleza ecológica sobre el consumo del agua en función de la carga contaminante vertida". Esta declaración supone que el impuesto tendría carácter progresivo, de forma que el aumento del consumo supondría un incremento en las tasas, como ya ocurre actualmente. Paralelamente, el anteproyecto prevé "el establecimiento de un sistema de subsidios y ayudas para familias numerosas, jubilados y determinadas situaciones de precariedad económica". Los usos industriales y agrícolas y ganaderos también tendrán un tratamiento especial. Esta ley podría precisar que los usos de riego con beneficios especiales son exclusivamente los agrícolas. La inexistencia de este adjetivo en la legislación actual es lo que ha dado pie a los campos de golf para reclamar la exención del pago del canon hidráulico. Una parte de éstos sostiene que el uso que le dan al agua es el riego y, por consiguiente, deben estar exentos de pago, al igual que los agricultores. En su opinión, éstos obtienen beneficios del riego mientras que los clubes de golf son entidades sin ánimo de lucro. En una carta remitida por la federación de este deporte a la Junta de Aguas se cita, a favor de esta interpretación, el artículo 43.3 de la Constitución: "Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte". La supuesta existencia de un pacto con los campos de golf para que abonen una parte de la deuda ha sido esta semana objeto de debate en el Parlament. Ante las negativas del presidente Jordi Pujol, y del consejero Pere Macias sobre la existencia del acuerdo, Boada esgrimió varios recibos de liquidación que cumplen los acuerdos del convenio redactado por los campos de golf. Macias acusó a Boada de estar torpedeando el acuerdo con los vecinos, quienes, por su parte, han decido pedir al fiscal que intervenga en el caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de mayo de 1998

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