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La Ley de Medio Ambiente creará un fondo para afrontar desastres ecológicos

Vicente González Olaya

, La Consejería de Medio Ambiente quiere más competencias. Por ello ha elaborado un anteproyecto de Ley de Protección al Medio Ambiente que le permitirá crear por primera vez una tasa ecológica, imponer multas que multiplican por 10 las actuales, contar con fondos económicos suficientes para reparar daños contra la naturaleza, obligar a los infractores a reparar los desperfectos y crear la denominada ecoetiqueta, un distintivo que se concederá a las empresas que cumplan la ley.

El anteproyecto establece la creación "de instrumentos fiscales e incentivos para financiar las actividades de protección del medio ambiente". Entre ellos destaca el establecimiento de "tasas ambientales". Este impuesto recaerá en las empresas o entidades cuya actividad pueda alterar el medio ambiente: extractoras de áridos, empresas forestales, de reciclaje... Además, se podrá obligar a las compañías a depositar "una fianza o garantía financiera para cubrir daños".

El dinero recogido por estos conceptos se ingresará en un "fondo de conservación de la calidad ambiental" (artículo 65). Éste se nutrirá, además, con los presupuestos generales de la Comunidad, los gravámenes especiales, aportaciones de los ayuntamientos, multas recaudadas por las infracciones a la legislación ambiental, donaciones y ayudas privadas. El fondo será el encargado de indemnizar "por los daños causados al medio ambiente cuando no se haya podido identificar al responsable" o cuando éste "sea declarado insolvente".

La ley, además, da mayor poder a la Consejería de Medio Ambiente, ya que le autoriza a paralizar planes urbanísticos.

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Cierre de empresas

Medio Ambiente multiplica por diez la cuantía de las multas contra la naturaleza

Las multas muy graves pueden llevar consigo además el cierre temporal o definitivo de la empresa contaminadora. También se prohibirá que las entidades infractoras puedan "contratar con las administraciones públicas hasta no haber ejecutado las medidas correctoras".El proyecto amplía también las competencias que sobre urbanismo tiene actualmente la Comunidad de Madrid. Por primera vez, se obligará a todos los ayuntamientos a requerir una "evaluación ambiental sobre planes, programas, obras o instalaciones". Es decir, los planes urbanísticos de todos los municipios necesitarán el visto bueno de la consejería de Medio Ambiente.

Finalmente, el borrador pretende crear la denominada ecoetiqueta. Se trata de un distintivo que se concederá a las empresas cuyos productos se ciñan a la legislación medioambiental. El anteproyecto de ley recuerda que los productos que se hagan merecedores de la distinción deben tener "repercusiones reducidas en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida".

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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