Defensa quiere que sólo los grandes partidos participen en la comisión de control del Cesid

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, advirtió el pasado miércoles al ministro de Defensa, Eduardo Serra, que se enfrentará a una "bronca" si intenta excluir a su grupo de la futura comisión parlamentaria que controlará a los servicios secretos. La pretensión de limitar el control del Cesid a una comisión muy restringida, en la que sólo participarían las grandes fuerzas políticas, es el punto más conflictivo del proyecto de ley del Cesid, que incluye la creación de una autoridad judicial competente para autorizar escuchas telefónicas como las descubiertas en la sede de HB en Vitoria.

Eduardo Serra ha celebrado esta semana una primera ronda de conversaciones con los portavoces de los grupos parlamentarios para recabar su opinión sobre el nuevo marco legal de los servicios secretos. El titular de Defensa se ha reunido con Juan Manuel Eguiagaray (PSOE), Joaquim Molins (CiU), Iñaki Anasagasti (PNV) y Luis Mardones (Coalición Canaria) y tiene pendiente una entrevista con Rosa Aguilar (Izquierda Unida).El propósito del Gobierno es lograr un consenso sobre las líneas maestras de la futura ley antes del próximo día 12, cuando se inicie el debate sobre el estado de la nación. Estos primeros contactos han evidenciado la existencia de un amplio acuerdo sobre la necesidad de dotar a los espías españoles de un instrumento legal que les permita realizar intervenciones telefónicas con respaldo del juez, mediante la creación de una autoridad judicial encargada de autorizar y controlar las escuchas del servicio secreto.

Pero también han revelado la existencia de profundas discrepancias sobre la composición de la comisión parlamentaria encargada de vigilar las actividades del Cesid. El proyecto de Defensa pasa por la creación de una Comisión sobre Asuntos de Inteligencia -diferente de la actual Comisión de Secretos Oficiales- integrada por sólo tres diputados, que serían elegidos por mayoría de tres quintos del pleno de la Cámara.

Con la drástica limitación de su número de miembros y la elección por mayoría muy cualificada se buscan dos objetivos: de un lado, evitar que se filtre la información facilitada a la comisión; de otro, limitarla a los grandes partidos, los que tienen posibilidad de asumir responsabilidades de Gobierno, a los que se presupone sentido de Estado.

De hecho, ni siquiera se afirma en el proyecto que los tres diputados tengan que pertenecer a grupos diferentes, por lo que en teoría podrían pertenecer dos al partido en el Gobierno y uno al principal de la oposición.

Defensa ha suavizado esta postura y se ha mostrado dispuesta a ampliar hasta cinco los miembros de la comisión, pero esta fórmula, aún contando con que todos pertenecieran a partidos distintos, seguiría dejando fuera a un grupo parlamentario, además del mixto.

Anasagasti ha advertido al ministro que es inaceptable la exclusión de las minorías, y lo mismo le dirá Aguilar. Los partidos con grupo propio en el Congreso sólo aceptan que se deje fuera al mixto, ausente ya de la Comisión de Secretos Oficiales, con el argumento de que los diputados de HB están adscritos al mismo y podrían exigir su asistencia.

Incluso el PSOE, que tiene asegurada su presencia en la comisión, considera un "error" que se margine a IU o al PNV, pues sólo serviría para alimentar sus recelos hacia el centro de inteligencia, según fuentes socialistas.

Las deliberaciones de esta comisión, según el borrador de la ley, tendrán carácter secreto y sus miembros deberán recibir cuanta información clasificada soliciten, con dos únicas excepciones: las aportadas por los servicios extranjeros y las fuentes del centro; lo que incluye sus métodos y procedimientos.

La comisión, que se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo pida el Gobierno o la mayoría de sus miembros, conocerá el Plan Permanente de Información, que define los grandes objetivos del servicio secreto, así como su grado de cumplimiento, a través del balance anual de actividades. Los diputados podrán promover la modificación de dicho plan, si no lo consideran ajustado a los fines del Cesid, e impulsar cuantas reformas legales consideren necesarias para el mejor funcionamiento del centro.

También recibirán periódicamente un informe de la autoridad judicial encargada de autorizar las escuchas telefónicas. De hecho, este juez será legalmente un "comisionado de las Cortes", aunque su nombramiento corresponda al Consejo General del Poder Judicial. Tras barajar otras fórmulas -como la designación de dos jueces, uno de la Audiencia Nacional y otro del Tribunal Militar Central-, Defensa se inclinó por un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dada su mayor experiencia.

Aunque las sesiones de la comisión de control parlamentario serán secretas, sus miembros podrán pedir la convocatoria de la Comisión de Defensa o del Pleno del Congreso para celebrar un debate público cuando aprecien que se ha producido una desviación en las actividades del Cesid, aunque manteniendo la reserva sobre la información clasificada.