El final del "Club Med"
España, Portugal e Italia lograron evitar las maniobras para dejarles fuera temporalmente en nombre de un euro fuerte

La verdadera sorpresa del arranque de la moneda única ha sido el elevado número de países que va a participar en la operación desde el primer momento: 11 y, entre ellos, tres de la Europa del Sur, España, Portugal e Italia. El euro, que algunos quisieron reducir a un núcleo fuerte de países «del norte», nace en un espacio vasto y diverso y destroza de un plumazo las tesis de quienes han defendido una Europa de dos velocidades en la que los llamados despectivamente «países del Club Med» nunca podrían meter la marcha larga.Ayer, el gran triunfador en la mesa de los ministros de Economía y Finanzas era un italiano viejo, elegante, irónico, y muy duro, Carlo Azeglio Ciampi, el primer responsable de que la Unión Monetaria sea tan amplia como va a ser.
Hasta el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, ha reconocido que siempre creyó que el euro arrancaría en la fecha prevista, 1999, pero en un área más reducida. Durante bastantes meses de 1996 y 1997 fue tomando cuerpo en algunos ambientes la idea de que los países mediterráneos no serían capaces de alcanzar los criterios de Maastricht o que, si lo hacían, sería de forma irregular o poco sostenible.
Para estos sectores, lo primordial era que el euro naciera en una zona más pequeña y más cohesionada y que se renunciara especialmente a integrar de momento a Italia. Un euro amplio, afirmaban, sería un euro débil.
Frente a este razonamiento se levantaron otras voces que defendieron un euro amplio: la integración desde el primer momento de los países del Mediterráneo permitiría alcanzar una masa crítica de habitantes y territorio muy superior y, sobre todo, evitaría la división artificial de Europa en dos bloques.
La batalla entre los dos sectores alcanzó su apogeo en 1997. Nada más empezar el año, en la famosa reunión de Davos, menudearon las declaraciones de algunos responsables políticos y banqueros alemanes, holandeses y británicos, generalmente del sector más liberal, reclamando que se aparcara la entrada de los países del sur porque la moneda única se vería fuertemente debilitada. Poco después, Financial Times se hizo eco de un plan para conceder un «estatuto intermedio» a los países mediterráneos. La idea era diseñar una especie de sala-limbo en la que Italia, España y Portugal esperaran uno o dos años. El momento cumbre de ese enfrentamiento podría simbolizarse el 7 de enero de ese año, cuando el ministro de Economía holandés, el liberal Gerrit Zalm, acusó a los países mediterráneos de «sufrir un ataque de histeria» por empeñarse en entrar desde el primer momento en la moneda única. La salida de tono de Zalm fue contestada por el propio primer ministro de su país, el socialista Win Kok («Se trata sólo de una predicción personal»), y provocó la irritación de otros políticos, especialmente del primer ministro luxemburgués, el socialcristiano Jean Claude Juncker (que se quejó de los «malos modos» nórdicos), y de los portavoces socialistas franceses.
La ofensiva de los partidarios de un euro «poco extenso» hizo, sobre todo, que salieran a la palestra representantes de la industria y de la banca alemana y francesa, preocupados ante la idea de que se extendiera el desánimo en Italia, que estaba haciendo un gran esfuerzo de convergencia. Un portavoz del Dresdner Bank mostró así su disgusto: «Creemos que se trata de puro prejuicio». La poderosa industria de Alemania y de Francia hizo también oir su voz. Preferían un euro amplio, porque dejar fuera monedas como la lira implicaría su inmediata devaluación competitiva, con las consiguientes pérdidas para ellos.
En mitad de toda esta batalla, los países afectados se esforzaron, además, por romper la imagen del Club Med, defendiendo sus casos por separado y sin formar frente común. Los gobiernos español y portugués aseguraron siempre que exigirían el cumplimiento estricto del Tratado. Si alcanzaban las condiciones de convergencia no permitirían que se les incluyera en ningún limbo «mediterráneo». La estrategia, defendida especialmente por España y con más dudas al principio por Italia, quedó clara en la reunión que mantuvieron José María Aznar y Romano Prodi en el otoño de 1996.
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