Todos los partidos salvo HB critican la reducción de penas que solicitó el fiscal por los incidentes de Hernani

El alcalde de Hernani, José Antonio Rekondo (EA), y los concejales de este partido, del PSE-EE, del PNV y del PP creen que las penas que pidió el fiscal en el proceso contra nueve vecinos de ese municipio que reventaron el pleno de constitución del Ayuntamiento en junio de 1995 son "escasas". Y añaden que una sentencia tan poco grave para los agresores -seis meses en lugar de un año- podría provocar que "dentro de un año" se vean "sometidos nuevamente a la brutalidad de los que no creen en el sistema democrático, ni acatan los resultados electorales que el pueblo libremente decide". El fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, considera que la petición de penas estaba ajustada a los sucesos al aplicar el anterior Código Penal y por considerar la realidad económica de los encausados. Además, Navajas aseguró ayer que con la rebaja en la solicitud de sanciones pretendió asegurarse "una sentencia condenatoria que no tenía nada clara". El fiscal añadió que, pese a las críticas recibidas, volvería a hacer lo mismo. Los nueve procesados reconocieron haber agredido e insultado a los ediles durante la elección del alcalde. El regidor y los grupos municipales, a excepción del de HB, que fue el partido más votado en las elecciones municipales de 1995, se reunieron ayer para analizar el juicio, que se celebró el pasado miércoles en San Sebastián. En la vista, los procesados asumieron los delitos de atentado contra funcionario y de desórdenes públicos. El fiscal rebajó las penas de prisión a la mitad de lo solicitado inicialmente y las multas se cifraron en 250.000 pesetas frente a la solicitud inicial de 2,5 millones de pesetas. Los ediles consideran que la sentencia será "escasa y de muy poco coste para hechos tan graves" si se produce en los términos propuestos por el fiscal y aceptados por las defensas. Los firmantes del texto recuerdan que los insultos y agresiones que sufrieron los concejales constituyen un ataque personal, pero también un ataque contra el propio sistema de representación popular. Y añaden que, una vez más, "HB ejercita sus propios actos de justicia popular linchando a quienes no se le someten y, después, utiliza los procedimientos de la justicia democrática para sus intereses propios". En el transcurso de los altercados, los acusados arrebataron a los ediles las papeletas de voto, lanzaron la urna por los aires y golpearon y amenazaron al alcalde y a algunos ediles del PNV y del partido socialista.