El fiscal asume que las penas a dos alemanes por colaborar con ETA no satisfarán a las autoridades españolas

EL caso de los dos ciudadanos alemanes sospechosos de haber colaborado con el comando Madrid, de ETA, quedó ayer listo para sentencia en la Audiencia de Wiesbaden. El juez de la causa contra Heike Schubbert, de 34 años, y Gary Siemund, de 33, confirmó que el fallo se anunciará mañana, jueves. En su alegato final, el fiscal manifestó que el tribunal no puede "satisfacer" las expectativas de las autoridades españolas, que habrían querido una condena más larga que la que ha pedido: dos años y nueve meses para Schubbert y ocho meses para Siemund. En ese sentido, subrayó que el apoyo a ETA no constituye un delito en Alemania porque esta banda carece de estructura en este país. "Falta el instrumento para un verdadero proceso terrorista", apuntó. El juicio, que comenzó con un impresionante despliegue de seguridad el pasado 31 de marzo y que debía durar hasta el 22 de junio, partía de las sospechas sobre la implicación de ambos acusados en actividades terroristas. A Schubbert y Siemund se les ha imputado la preparación de un atentado y la transgresión de la ley alemana de control de armamento. Ambos habían sido los arrendatarios de, por lo menos, dos pisos utilizados por ETA en Madrid. En uno de ellos, en la calle de Polibea, fue detectado un arsenal después del estallido casual de una bomba en abril de 1997. Los procesados, que estaban en prisión preventiva desde el año pasado, fueron puestos en libertad condicional por el juez el 16 de este mes.

La defensa alegó ayer en descargo de Schubbert que la policía española torturaba, lo que, en su opinión, justificaba el miedo de la acusada a denunciar a sus compañeros de piso en Madrid. El letrado quiso que se llamara como testigos a dos funcionarios de la ONU en Nueva York. El juez, sin embargo, telefoneó a Amnistía Internacional, que le remitió por fax los apartados referidos a España de sus propios informes correspondientes a 1995, 1996 y 1997, en los que se señala la existencia de informaciones sobre el uso de la tortura por la policía. El magistrado decidió "darse por enterado" del contenido de esos documentos.