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Ortega reconoce que cometió un error al omitir en el Parlamento su relación con una caja

El consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, reconoció ayer que cometió un "error" al no declarar en el Parlamento autonómico que compatibilizó su cargo como diputado y miembro del Gobierno andaluz con el de secretario del consejo de administración de la Caja San Fernando. Ortega achacó el fallo a un "olvido involuntario", negó que haya ocultado de forma intencionada su presencia en el órgano de gobierno de la caja y achacó su situación a un linchamiento de la oposición. Un informe jurídico de la caja avala jurídicamente la compatibilidad de los cargos.

Más optimista y sonriente que en los últimos días, Ortega compareció ante los medios de comunicación después de presentar sus alegaciones ante la Comisión del Estatuto de los Diputados. Ortega dedicó buena parte de su intervención a defender la legalidad de su compatibilidad y a subrayar que el único perjudicado de este asunto ha sido él. "El que oculta pretende tener un beneficio. Nadie oculta para perjudicarse, como me ha ocurrido", dijo el consejero. Sólo se encrespó Ortega cuando habló de la oposición, PP e Izquierda Unida. Descalificó la "doble vara de medir" de los populares con su caso y con otros asuntos que ponen en peligro la seguridad del Estado. En este punto, mencionó el apoyo del Gobierno central al ministro de Defensa, Eduardo Serra, tras la revelación de las escuchas a HB. La Comisión del Estatuto de los Diputados, que se reunirá el próximo martes, analizará la documentación que tiene y las declaraciones de Ortega y después se pronunciará sobre la sanción que le puede caer al consejero. Ortega entregó ayer a los periodistas documentos sobre su declaración de bienes patrimoniales y otras actividades lucrativas o profesionales. Entre esos papeles, había un informe de la Caja San Fernando del 9 de abril de 1996, una semana antes de que se formara el actual gobierno andaluz, en el que se le advertía que debería comunicar al Parlamento que era secretario del consejo de la caja para que la Comisión del Estatuto de los Diputados dictaminase si era compatible con el de parlamentario. Pese a no comunicarlo a esta comisión, Ortega sostiene que ser diputado, y además consejero, es compatible con su presencia en la caja, de cuyo puesto dimitió hace 10 días, una vez que salió a la luz el asunto. El problema que tiene ahora la Comisión del Estatuto de los Diputados, que preside Diego Valderas (IU], es de interpretación legal. El consejero se aferra a la Ley Electoral de Andalucía, que en su artículo 6.2.E admite la compatibilidad de un parlamentario en el consejo de administración de una caja de fundación pública, como es la Caja San Fernando, siempre que esté en representación del Consejo de Gobierno. La oposición desdeña esta tesis y recuerda que Ortega estaba en el órgano de gobierno de la caja antes de ser designado consejero. PP e IU se basan en la Ley del Gobierno que afirma que el presidente y los consejeros no pueden compatibilizar su cargo con otras funciones que no se deriven de su cargo institucional.

"Ocupación de las cajas", dice el PP

La conflictiva situación en la que se encuentra el consejero de Relaciones con el Parlamento y secretario general del PA, Antonio Ortega, no es casual, según interpretan los dirigentes andalucistas. El Consejo de Gobierno dio luz verde recientemente, el 23 de marzo, al anteproyecto de Ley de las Cajas de Ahorro, el texto legislativo más importante del que se va a dotar la comunidad en este periodo, y que es considerado un instrumento financiero básico para el futuro de Andalucía. Los andalucistas consideran que los ataques a Ortega son consecuencia, precisamente, del acuerdo que alcanzaron PA y socialistas sobre la ley. El portavoz parlamentario del PP, Manuel Atencia, aseguró ayer que el caso de Ortega no es un asunto menor, sino que es fruto de los "escándalos del PA". "Es el concepto de las cajas que tienen el PSOE y el PA", dijo. La ley prevé la entrada de la Junta en los órganos de gobierno de las cajas (asambleas y consejos de administración) con una representación del 21%. La ley estipula que estos representantes serán elegidos al 50% por el Consejo de Gobierno y por el Parlamento de Andalucía. A juicio de los populares, que van a hacer un marcaje muy estrecho de la negociación de la ley en sede parlamentaria, el texto supone la "ocupación del poder en las instituciones financieras". Atencia afirmó ayer que la "filosofía" de socialistas y andalucistas "es repartirse el botín de las cajas", en vez de apoyar la modernización del sector con su proyecto legislativo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de abril de 1998

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