El Gobierno arropará hoy a Ortega en la Cámara y asegurará que la duplicidad de cargos era legal

El Gobierno andaluz cerrará hoy filas con el consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, y asegurará en la sesión de control que no infringió la ley al compaginar durante dos años su puesto institucional con el de secretario de actas del Consejo de la caja de ahorros San Fernando. La consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, se acogerá a la literalidad de la ley de Incompatibilidades para defender a Ortega y si bien admitirá que el caso está sujeto a interpretaciones jurídicas, negará la mayor . El apoyo de los socialistas a su socio de coalición no va a zanjar el asunto por parte de la oposición. PP e Izquierda Unida van a apuntar al presidente andaluz, Manuel Chaves, y a Gobernación, por supuesta negligencia.

Ortega mantuvo ayer en la sede del Parlamento una reunión con los consejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Gobernación, Carmen Hermosín, y celebró múltiples contactos con la prensa para aclarar su situación, 48 horas después de su primera y embrollada comparecencia pública. El consejero de Relaciones con el Parlamento dio garantías a sus coaligados de que "en ningún caso" su situación personal pondrá en riesgo el pacto de coalición y admitió que quizás alguien le pudo haber hecho un comentario hace dos años advirtiéndole de su posible incompatibilidad. La cuestión es que este aviso, que el propio Ortega dijo ayer a EL PAÍS que no recuerda bien si se produjo, no figura por escrito y por lo tanto, tampoco en su expediente del Registro de Intereses de Altos Cargos que custodia Gobernación. Hermosín, que contestará hoy en la sesión de control del Parlamento a una pregunta sobre Ortega del diputado del PP, Antonio Sanz, arropará al consejero andalucista y dirá que en el expediente no figura anotado que se le advirtiera de su posible incompatibilidad. Es decir, la consejera, según fuentes socialistas, negará la mayor: no se comunicó nada por la razón de que ambos puestos eran armónicos legalmente. De este modo intentará que el polémico asunto no salpique ni a su departamento ni al propio Ortega. Una brecha La oposición ha visto en el caso una brecha en la que poder meter cuña, después de dos años de legislatura en los el ritmo parlamentario lo ha marcado el Gobierno. La estrategia es extender las responsabilidades hasta Hermosín y al propio presidente, Manuel Chaves. El PP preguntará inicialmente si Ortega declaró en el registro de altos cargos que era secretario de la caja y si pidió un informe a Gobernación sobre la legalidad de ejercer al mismo tiempo como consejero andaluz. Si Ortega no cumplió estos dos trámites, los populares dirigirán sus iras contra el consejero, al que pedirán su dimisión por "ocultar" su cargo en el consejo de administración de Caja. En caso de que Ortega hubiese dado esos dos pasos, los populares tirarán por elevación contra Hermosín y Chaves. Si bien continuarán exigiendo al dirigente andalucista su dimisión, su argumento estrella será contra la titular de Gobernación y el presidente. Contra Hermosín aducirán su "irresponsabilidad y negligencia" por no hacer nada para corregir la situación, y contra Chaves, el haber mantenido a Ortega como consejero "a sabiendas" de que este cargo institucional es incompatible con el que ocupaba hasta el pasado sábado en la Caja San Fernando. Izquierda Unida, previendo la estrategia gubernamental de negarlo todo, va a insistir en las responsabilidades políticas que incurrió Ortega como parlamentario si, como él mismo admite, no hizo constar en su declaración de intereses y actividades de la Cámara que ocupaba el puesto en la Caja, del que dimitió el mismo día en que se supo la duplicidad. El portavoz de IU, Luis Carlos Rejón, calificó de "gravísima" la falta de Ortega como diputado. La comisión del Estatuto del Diputado, que se celebra a puerta cerrada y que preside Diego Valderas (IU), abrirá el viernes el sobre sellado en el que se guarda la declaración de Ortega y si no figura el dato propondrá sancionarlo. Paralelamente, IU pedirá la comparecencia de Ortega en la comisión de Coordinación de Administraciones Públicas, a la que también han llamado a Carmen Hermosín. Rejón dio la razón a la tesis del Gobierno en el sentido de que Gobernación no está obligada a advertir al alto cargo de que incurre en ilegalidad, ya que este departamento es sólo es depositario del fichero de declaraciones y el desconocimiento de la ley no exime al que la incumple. No obstante, cree que el "último responsable" es Chaves y opina que si no destituye al consejero está "aceptando el chantaje de incumplir la ley a cambio de la estabilidad del Gobierno".