La acusación se queda sin su prueba principal en el macrojuicio por abortos en Málaga

El macrojuicio por abortos de Málaga dio ayer, en su segunda jornada, un giro inesperado. El juez ha anulado la principal prueba de la acusación: el informe médico donde se certificaba que las mujeres encausadas se habían sometido a abortos. La defensa ha acreditado que el forense que hizo los reconocimientos es parte interesada en la causa: está vinculado a la asociación antiabortista Pro Vida y, como vecino del edificio donde se hallaba la clínica del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría -uno de los cuatro médicos imputados- soliviantó al bloque para intentar cerrarla.

El fiscal ha anunciado que impugnará la invalidación de esta prueba. El juicio, pese a todo, continúa. Antonio García de Gálvez, el forense judicial que reconoció a las 23 mujeres detenidas en la clínica del ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría a raíz de la redada realizada en diciembre de 1986, se ha convertido contra todo pronóstico en la mejor baza de la defensa del caso. La defensa de Sáenz de Santamaría había presentado una recusación contra él por considerar que tenía interés personal en contra de los encausados: en la época en que se investigó el caso, García de Gálvez vivía en el mismo edificio donde el ginecólogo tenía la clínica. Vinculado a la asociación antiabortista Pro Vida, el forense había promovido una recogida de firmas entre la comunidad de propietarios para intentar obligar a los ginecólogos a trasladar la clínica.

Esta circunstancia llevó ayer al juez a anular los informes médicos emitidos por el forense quien, además, al haber sido recusado por la defensa, no podrá declarar en la vista. Y a esta dificultad, el fiscal, Javier de Torres, tiene que añadir otra: tampoco tendrá la oportunidad de interrogar a los ocho encausados que se sientan en el banquillo porque no los propuso como testigos en su escrito de calificación.

Jarros de agua fría

Los abogados de la defensa, que sí los habían pedido, renunciaron en bloque a sus testimonios para dejar menos terreno a la acusación, así que todo lo que le queda al fiscal son las declaraciones de los policías y la lectura de los testimonios que prestaron las mujeres detenidas en el periodo de instrucción de la causa. Pero el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga ha repartido por igual los jarros de agua fría. A la defensa le negó la nulidad del proceso que habían pedido en la primera jornada alegando prescripción e irregularidades en el proceso de instrucción. La intención de los abogados era lograr la paralización del juicio y el sobreseimiento de la causa, pero el juez anunció que se pronunciaría sobre esos aspectos en la sentencia.

Las cuestiones previas han hecho que el comienzo de la vista se ralentice bastante, y se prevé que las declaraciones de los testigos citados se prolonguen hasta el viernes. Ayer declararon dos de los policías que intervinieron en la redada efectuada en la clínica del ginecólogo Sáenz de Santamaría en 1986.

Los abogados defensores centraron el interrogatorio en averiguar el motivo por el que las detenciones se llevaron a cabo después de que los las mujeres abortasen, cuando su deber era impedir que se cometiera un delito. También preguntaron quién había dado la orden de intervenir los teléfonos del consultorio. Ambos extremos son interesantes para la defensa de los acusados porque, si se demuestra que la policía actuó de forma irregular, se puede decretar la nulidad de las pruebas obtenidas en la investigación.

En la segunda sesión del juicio no hubo presencia de políticos de primera fila, pero el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, aprovechó ayer su paso por Málaga para referirse al proceso. El líder socialista atribuyó al «filibusterismo de la derecha» el hecho de que no haya salido adelante la ley de plazos, y anunció que si finalmente los acusados resultaban condenados, el partido presionaría para lograr el indulto.

Almunia también criticó a la alcaldesa de Málaga, la popular Celia Villalobos, por no haber hecho acto de presencia en el juicio en solidaridad con las mujeres. Junto a Sáenz de Santamaría están acusados de 23 delitos de aborto -uno de ellos en grado de tentativa- los doctores Luis Alberto Stolzemburg, Valero Antonio Enfedaque y Ernesto Ritwagen, así como cuatro mujeres que trabajaban en la clínica, 23 mujeres acusadas de abortar y los maridos de tres de éstas.