Catorce guardias civiles de Colmenar acusados de torturas se sientan hoy en el banquillo

El juicio contra los 14 guardias civiles del cuartel de Colmenar Viejo acusados de maltratos físicos y psíquicos a tres detenidos durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 1994 comienza hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. El macrojuicio contra estos miembros de las fuerzas del orden público durará hasta el próximo 22 de mayo, en sesiones de lunes a jueves, y por él destilarán una treintena de testigos. El fiscal pide un total de 11 años de cárcel para los 14 guardias por delitos de torturas, coacciones, amenazas y lesiones.

La Asociación contra la Tortura, personada en la causa como acusación particular a través del abogado Teodoro Mota, reclama en su escrito provisional hasta 18 años de cárcel y la consiguiente inhabilitación para ejercer un cargo público. Al igual que el fiscal, esta asociación atribuye delitos de torturas y lesiones a los acusados. Tres magistradas -Carmen Compaired, presidenta; Susana Polo y María Riera- integran el tribunal que juzgará desde hoy a los guardias. La causa de que estos 14 agentes deban sentarse en el banquillo de los acusados se halla en una disputa ocurrida en el pub Color de Colmenar, localidad de 28.000 habitantes. Varios guardias que estaban de servicio ese día resultaron Con heridas en la refriega, en la que supuestamente intervinieron los tres jóvenes luego detenidos, entre otras personas que había en el local. Horas después de la trifulca, los guardias, por orden de un teniente del cuartel, que no ha sido imputado en los hechos, detuvieron a tres jóvenes y los llevaron al cuartelillo bajo la acusación de atentado a la autoridad.

Calvario en el cuartelillo

Según el escrito del fiscal, los guardias esposaron, desnudaron y cometieron con ellos todo tipo de tropelías. Las tres víctimas son Pedro Rodríguez Gómez, de 25 años; Cecilio Rodríguez Marín, de 19, y José Luis Villanova, de 20. Fueron torturados, según el fiscal, dentro del cuartel de la Guardia Civil de, Colmenar, tras ser detenidos y antes de ser conducidos ante el juez de guardia. Dos de los tres detenidos supuestamente maltratados, que definen como un auténtico calvario su estancia en el cuartelillo, han indicado a este periódico su esperanza en que el tribunal haga justicia y no sucedan en el futuro episodios como el vivido por ellos: golpes, patadas, vejaciones...

Según el escrito del fiscal, los agentes agredieron y causaron lesiones a los detenidos, que tardaron en curar hasta 15 días. Los guardias, antes de ponerles a disposición judicial, les amenazaron con matarlos si los volvían a ver.

A José Luis Villanova, los guardias lo desnudaron y le hicieron ponerse en cuclillas para hacerle un "cacheo íntimo", además de golpearle en diversas secuencias que se prolongaron hasta cuarenta minutos. Tras insultar a su hermana y a su novia y de decir que todas las mujeres de Colmenar eran "unas fulanas", uno de los guardias le espetó que en la calle se verían las caras, al tiempo que efectuaba con los dedos un simulacro de disparo. A Pedro Rodríguez le ordenaron desnudarse para cachearle y le causaron 10 hematomas, entre otras heridas.

Los 14 guardias acusados son los siguientes: Miguel I. V., cabo primero de la Comandancia de Colmenar, para quien el fiscal pide la sanción más elevada, dos años y cuatro meses de cárcel por cuatro imputaciones de tortura. A Francisco José C. B. le pide cuatro meses de cárcel por una imputación de tortura y 35 días de arresto por lesiones. A Jorge M. G., cuatro meses por torturas y 85 días de arresto por cuatro imputaciones de lesiones. A Carlos A. O., un año y ocho meses de cárcel por torturas y 25 días de arresto por lesiones. A Francisco S. P. y José B. G., un año de prisión por torturas.

Para los otros acusados -José Antonio G. S., Vicente Z. F, Raúl B. B., Daniel C. C., Manuel 1. S., José Tomás T. B., Fernando P. C. y Jerónimo M. B.-, el fiscal reclama penas similares o inferiores, en la mayoría de los casos por torturas. Cada imputación de torturas del fiscal lleva aparejada además, una condena de siete años de inhabilitación.