La Fiscalía ve "materia suficiente" para imputar al senador canario del PP

El fiscal jefe de Canarias, Juan Guerra Manrique de Lara, cree que hay "materia suficiente" para que su informe sobre el senador popular y alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, Domingo González Arroyo, acabe en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde este último sería investigado como imputado en presuntas irregularidades urbanísticas. El fiscal Guerra señaló a este diario que el próximo 30 de abril enviará su informe a Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, y que confía en que éste lo remita al Tribunal Supremo para que allí se investiguen las presuntas irregularidades cometidas por el senador canario del PP. "Hay materia suficiente para que el alcalde de La Oliva sea imputado", señaló el fiscal jefe de Canarias.

Ayer, el representante del ministerio público tomó declaración a Antonio Darias Fajardo, concejal de urbanismo, y a Juan Francisco Carballo, un ingeniero técnico electricista contratado por el senador para redactar los informes técnicos de las licencias de obras. En su opinión, sus manifestaciones fueron "enriquecedoras" sobre cómo se conceden las licencias de obras en La Oliva. Durante los últimos diez años, Carballo ha redactado estos informes pese a que la ley canaria exige la cualificación de arquitecto o ingeniero de caminos. La declaración de ambos testigos duró cuarenta minutos.

El próximo día 28 Guerra interrogará a Pedro Amador, secretario de la urbanización turística Corralejo Playa. Este complejo está gestionado por una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento en un 45% y Cahispa SA de Seguros en un 55%. El presidente de esta compañía es el senador González. Fuentes judiciales señalan que la clave en las presuntas irregularidades está en la incompatibilidad entre el cargo del presidente de esta sociedad mixta y la alcaldía. Guerra Manrique de Lara, quien en un principio declaró que había que estudiar el caso con tiempo y prudencia porque el senador era "la persona más importante de la isla", pidió también copias de los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias de los años 1994 y 1995.