La ITV de los edificios

El pleno municipal del pasado febrero aprobó inicialmente, con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista y el de IU, la nueva Ordenanza sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, que incluye como principal novedad la aparición de la inspección técnica de edificios, la denominada, por afinidad con los vehículos, ITV de los edificios. La ITE contempla, en síntesis, la obligación de efectuar cada 10 años una inspección técnica del estado de la estructura, cimentación, fachadas cubiertas y azoteas, fontanería y saneamiento de los edificios de Madrid que hayan cumplido 20 años desde su construcción. Esta inspección sería efectuada por técnicos no municipales designados mediante convenios con los colegios profesionales competentes.

De nuevo, una idea positiva, como es la de asegurar la conservación en buen estado del patrimonio edificado de nuestra ciudad, es desvirtuada por el Gobierno municipal popular, que elabora una ordenanza inadecuada, insuficiente, insolidaria y destinada a garantizar trabajos e ingresos a determinados colectivos profesionales a costa del bolsillo de los madrileños.

-Es inadecuada en la propia figura jurídica escogida. La opción más lógica hubiera sido regular, al igual que sucede con la ITV, la inspección técnica de los edificios por ley de la Comunidad de Madrid, como están haciendo otras comunidades autónomas, máxime cuando la Comunidad de Madrid está elaborando la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación, en la que tendría cabida perfectamente. El enfrentamiento y la falta de sintonía entre los equipos *de gobierno populares del Ayuntamiento y la Comunidad se muestran una vez más. El resultado es que, sin necesidad alguna, sean diferentes los gastos de conservar un edificio para los ciudadanos de Madrid que para los de Alcalá de Henares, por ejemplo..

-Es insuficiente y de, difícil aplicación en, su objetivo último de mantener en buen estado los edificios. La actual Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a acordar por unanimidad la ejecución de obras de mejora en los edificios, incluso en los casos tan frecuentes de morosidad entre los miembros de las comunidades, va a dificultar o impedir en muchos casos las actuaciones derivadas de estas inspecciones.

- Es insolidaria con los habitantes del municipio de Madrid frente a. los otros municipios de la Comunidad, y con los madrileños de menor renta y poder adquisitivo. Como ya he expuesto, la exigencia de la inspección técnica de los edificios únicamente en el municipio de Madrid implica un costo adicional para sus habitantes, que no soportan los de otros municipios de la Comunidad. Con ser esto grave, lo es más el hecho de que, aun sin establecerlo, la ordenanza parece apuntar a un coste unitario de la inspección por edificio o vivienda, sin tener en cuenta la situación económica de sus habitantes; tampoco contempla mecanismos de ayuda económica para las inspecciones y las obras derivadas de las mismas. De nuevo discriminan a los madrileños más débiles económicamente, habitantes de las viviendas más antiguas y en peor estado, en las que la inspección y las obras de conservación son más costosas y necesarias.

- Lo que sí que hace y muy bien es sacar el dinero a los madrileños La ordenanza contempla que en cinco anos, entre 1999 y el año 2003, se inspección en todos los edificios de Madrid con más de 20 años de antigüedad, en concreto 155.000 edificios. De confirmarse el previsible coste de 100.000 pesetas por inspección de Cada edificio, los madrileños tendríamos que gastar en los próximos cinco años 15.500 millones de pesetas sólo en inspecciones. Añadamos a esto las obras derivadas de las mismas.

En cuanto al número de viviendas, sería necesario inspeccionar en estos cinco años las 1.044.000 viviendas existentes en Madrid construidas con anterioridad a 1980, de ellas más de 500.000 en los tres primeros años (1999, 2000, 2001), correspondientes a edificios protegidos, centro histórico, cascos históricos periféricos y viviendas construidas antes de 1960.

De nuevo la solidaridad; a los de menor poder adquisitivo se les obliga antes a efectuar el gasto previsible de unas 10.000 a 12.000 pesetas por vivienda, sólo en inspección.

En este caso, el dinero de las inspecciones no lo recauda el Ayuntamiento, se lo concede a los profesionales privados mediante convenios con los colegios profesionales correspondientes. La reacción no se ha hecho esperar. Ante la expectativa de negocio, el Colegio de Arquitectos de Madrid ha creado ya un servicio de información gratuito en el que, evidentemente, no puede informar de nada, dado que se desconoce la cuantía de estas inspecciones, el sistema a seguir en la elección de técnico, la responsabilidad del técnico en la inspección y su nivel de detalle; en fin, todo lo imprescindible para informar adecuadamente. Lo único que hace es, ante la expectativa de trabajo para sus colegiados, poner una oficina de atención al futuro cliente adelantándose a los demás.

El negocio, evidentemente, lo merece, pues no podemos olvidar que las inspecciones son, sin duda, la parte menor de lo que habrá que invertir en muchos edifícios a consecuencia de las mismas, todo ello sin ningún programa de ayuda o subvención a los más débiles económicamente; otra vez la solidaridad.

En resumen, el equipo de gobierno municipal popular parece que trata, no tanto de resolver un problema real de la forma adecuada, sino de sacarnos el dinero a los habitantes de Madrid creando, de hecho, un nuevo impuesto sobre la vivienda, sin caer en la cuenta de que los madrileños ya pagamos el impuesto de bienes inmuebles (IBI), y que lo razonable sería que estas inspecciones se pagasen con cargo al mismo.

El Grupo Municipal Socialista, en completo desacuerdo con la propuesta de ordenanza, presentará, durante el periodo de información pública de la misma, alegaciones destinadas a corregir sus defectos y llevar la inspección técnica de edificios a lo que tiene de positivo, la ayuda a la conservación adecuada de aquellos edificios que lo necesiten, con el menor coste posible para los madrileños y con las ayudas y subvenciones necesarias para los menos favorecidos, evitando un nuevo desafuero contra los habitantes de Madrid, que ya bastante sufren los desatinos y la incapacidad del Gobierno municipal popular.