Los subinspectores fiscales buscan el apoyo de PSOE y Nueva Izquierda

Los subinspectores tributarios buscan el apoyo de las formaciones PSOE y Nueva Izquierda a la huelga de celo que llevan a cabo como protesta por las exigencias laborales de la Agencia Tributaría. Los subinspectores entienden que la Agencia exige tareas que la normativa no obliga a realizar, lo que perjudica al contribuyente. Luis Martínez Noval, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, y Joan Saura, diputado de Nueva Izquierda, mantuvieron. ayer conversaciones con la asociación de subinspectores durante las jornadas tributarias organizadas por el colectivo. "Ambos se mostraron muy interesados en el conflicto y señalaron la necesidad de seguir indagando en el tema", aseguró la vicepresidenta de la Asociación de Subinspectores de Tributos, Alicia Arteta.

Los subinspectores tributarios informaron ayer que, desde el 22 de enero pasado, la Hacienda Pública ha descubierto unos 50.000 millones menos en fraudes fiscales que el ano pasado por las mismas fechas. La causa es la huelga de celo que mantienen los subinspectores.

Arteta, afirmó ayer que "de seguir así, el coste puede llegar a entre los 180.000 y 230.000 millones de pesetas anuales". Los subinspectores aseguran que tres de cada cuatro pesetas que se recaudan por las inspecciones provinciales se deben a su trabajo.

Los funcionarios alegan que el Gobierno y los tribunales no les reconocen capacidad legal para desempeñar las funciones que, sin embargo, les exige la Agencia Tributaría, y aseguran que los contribuyentes afectados por sus expedientes pueden anularlos en los tribunales, con las correspondientes pérdidas para las arcas públicas.

Límites legales

De momento, los subinspectores aseguran que seguirán sin 11 ultimar" los expedientes que ellos han realizado. Esto significa que no efectuarán la cuantificación de la deuda con el Fisco, la redacción y el levantamiento del acta y firma porque estas tareas sólo se les reconoce legalmente a los jefes de unidad de inspección. Con el objetivo de poner fin al conflicto, Hacienda dictó el pasado 24 de marzo una resolución que, según Arteta, habilita a los jefes de unidades inspectoras a delegar su firma en los subinspectores.

Sin embargo, éstos la rechazan porque lo consideran un experimento que no sirve para solucionar el problema y porque se aplicará sólo en algunas zonas de España. A juicio de este colectivo, la resolución aumenta la ambigüedad legal que ha provocado el conflicto.