El Ejecutivo admite un "error" con los 'Pinchazos'

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, admitió ayer la existencia de "un error" en el caso de las escuchas del Cesid en la sede de Herri Batasuna (HB) en Vitoria. Pero, a renglón seguido, matizó que el error "no puede empañar una labor prudente de unos servicios de inteligencia que son necesarios para nuestra democracia". El portavoz del Gobierno, en sus declaraciones en los pasillos del Senado tras su comparecencia en la Cámara alta, ofreció la clave de la estrategia del Ejecutivo para tratar de salir del conflicto interno más importante que ha tenido entre departamentos en los dos años de legislatura. "El martes comparecerá el ministro de Defensa para dar las explicaciones oportunas. Del mismo modo que en un momento determinado se puede decir que algún hombre del Cesid no ha hecho algo bien, creo que hay que reconocer que en el 99% de las ocasiones el Cesid trabaja bien. Lo hace por nuestra seguridad y es necesario", dijo Rodríguez.

El portavoz del Gobierno apuntó con ello la voluntad del presidente José María Aznar de limitar las responsabilidades al ámbito de la actuación concreta del servicio de seguridad y salvar de la quema no sólo al ministro de Defensa, Eduardo Serra, sino también al jefe del Cesid, Javier Calderón.

Marcos diferentes

Rodríguez trató también de minimizar el conflicto al compararlo con la crisis de las escuchas que en 1995 arrastró al entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y al ministro de Defensa, Julián García-Vargas: "Creo que son marcos no comparables, situaciones no comparables y la prudencia me exige esperar a las declaraciones del ministro". La generalización de las escuchas en el caso de 1995, la crisis institucionalizada entonces o la diferente actuación de la oposición son algunas de las claves comparativas que maneja el Ejecutivo. Sólo IU y PNV mantienen una actitud beligerante en esta ocasión.

No obstante, el conflicto ha provocado recelos entre algunos departamentos, como el de Defensa con el de Interior y, más específicamente, con la Dirección de la Guardia Civil, e incluso se ha hecho extensivo al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos.

El recelo en el ministerio de Defensa a que se aproveche desde otros ámbitos del Gobierno esta situación para desgastar y remover al ministro ha estado latente desde que saltó el conflicto. La ausencia de una legislación clara y una delimitación de las competencias sobre el control del servicio secreto también han contribuido a reavivar las reticencias.