La juez encontró la nómina de un agente del Cesid en el piso desde el que se espiaba a HB

La juez que investiga el espionaje a Herri Batasuna dispone de una nómina o documento oficial en el que figura la identidad auténtica de un agente del Cesid, según fuentes conocedoras del caso. Dicho documento fue intervenido durante el registro ordenado por la juez el pasado 1 de abril en el piso situado encima de la sede de HB en Vitoria. El ministro Eduardo Serra, que comparecerá el próximo martes 22 en la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre este asunto, no negará la implicación del servicio secreto, ya que hay pruebas difícilmente rebatibles.

El hecho de que la juez disponga de la identidad auténtica de un agente del Cesid, al que previsiblemente llamará a declarar en breve, impide que el Gobierno pueda desentenderse de este caso y le obliga a enfrentarse a la hipótesis de que al menos un miembro del servicio secreto podría ser acusado de un delito castigado con penas de cárcel por cumplir órdenes superiores. Al margen de la sentencia final, preocupa el propio desarrollo de la causa, en la que HB actuará como acusación particular, lo que le permitirá acceder a datos relacionados con el funcionamiento interno del Cesid.El ministro de Defensa, Eduardo Serra, solicitó ayer comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la investigación abierta el pasado día 3 por su departamento en torno a las escuchas a HB. La comparecencia a petición propia, que se acumula a las previamente solicitadas por Izquierda Unida, el PNV y Eusko Alkartasuna, se producirá el próximo día 22 ante la Comisión de Defensa.

"En principio", según una nota hecha pública ayer por Defensa, se ha preferido facilitar la información en una sesión pública, y no ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso a puerta cerrada, dada la trascendencia política que ha tomado el asunto. El ministro, sin embargo, dará muy pocos detalles, tanto por respeto a la investigación judicial, como a la ley de Secretos Oficiales, que impone la reserva sobre los aspectos operativos del Cesid.

Lógicamente, la investigación interna abierta por Defensa no se ha centrado tanto en saber si el Cesid estaba detrás de las escuchas a HB, lo que requería de muy poca investigación, como en determinar los fallos que provocaron el descubrimiento de la operación.

Lo normal es que una base como la que existía en el piso situado sobre la sede de HB en la capital vasca contara con un plan de evacuación, que permitiera desmantelarla sin dejar rastro en muy poco tiempo.

Sin embargo, a la vista del abundante material incautado en el registro judicial, es evidente que este plan no funcionó, quizá porque durante los más de seis años que llevaba operando se produjo una relajación de las medidas de seguridad. Los dos inquilinos de la vivienda la abandonaron precipitadamente el 31 de marzo por la mañana al sentirse descubiertos y, aunque se llevaron dos grandes bolsas, dejaron tras de sí numerosos equipos electrónicos, así como abundante documentación, incluida una nómina con la identidad real de su poseedor. Tanto el contrato de compra del piso como los recibos de la luz o el agua figuraban bajo nombre ficticio.

En estas condiciones, el ministro Serra no negará en el Congreso la implicación del Cesid y se centrará en los aspectos legales del caso, aunque el artículo 18.3 de la Constitución es categórico al prohibir las intervenciones telefónicas sin resolución judicial.

A juicio de Defensa existe un vacío legal que dificulta la actuación del servicio secreto. De hecho, en agosto de 1996 se redactó un proyecto de ley que permitía al Cesid realizar escuchas telefónicas bajo control del juez, pero este texto quedó aparcado tras la polémica que generó la reforma frustrada de la ley de Secretos de Estado.

El portavoz de Defensa del PSOE, Pedro Moya, dijo ayer que su grupo no tomará ninguna iniciativa hasta escuchar las explicaciones que ofrezca en el Congreso Eduardo Serra, en contraposición a la actitud "beligerante" que, a su juicio, tuvo el PP en asuntos que afectan a la seguridad del Estado cuando estaba en la oposición.

Por el contrario, Willy Meyer, de Izquierda Unida, anunció que pedirá la dimisión del ministro de Defensa por este caso. "No vamos a pedir sólo la dimisión del director del Cesid, porque hay una responsabilidad política de un Gobierno que prometió en campaña electoral limpiar los servicios de información y, al día de hoy, no lo ha hecho".

En la misma línea, aunque sin llegar a pedir la dimisión de Serra, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, adviritió que la sustitución del director del Cesid, Javier Calderón, no dejaría satisfecho a su partido. "Algún ministro tendrá algo que decir", declaró, informa desde Bilbao Juan Miguel Muñoz.

Rafael Larreina, de Eusko Alkartasuna, afirmó que deben dimitir tanto el director del Cesid como el ministro de Defensa. "Las responsabilidades políticas son evidentes, ya que, si [Serra] lo sabía, es grave; y, si no lo sabía, también", advirtió.