Doble versión

CHIAPAS SE está convirtiendo en un lugar de peregrinación política para las ONG de todo el mundo, para los que enarbolan los mejores deseos del humanitarismo occidental. En los últimos tiempos, en ese Estado del sur de México, donde se alza en rebelión el movimiento neozapatista que encarna el subcomandante Marcos, la presencia creciente de extranjeros curiosos ha irritado al Gobierno del PRI, que desea todo menos luz y taquígrafos sobre la acción de la guerrilla y su racheada represión sobre la misma. Cuatro españoles, de un total de 12 extranjeros, fueron detenidos esta semana en Chiapas, acusados de participar en actividades políticas reservadas a los mexicanos.Hay, inevitablemente, dos versiones sobre esta afluencia de visitantes al nuevo Lourdes del inconformismo planetario. Una sostiene que los actuales y numerosos casos anteriores corresponden a representantes de las ONG, observadores internacionales que van a conocer qué pasa en Chiapas y a aportar su grano de arena para mejorar la educación o la sanidad de la zona. Otras versiones, entre ellas la del Gobierno mexicano, es la de que buena parte de los recién llegados son aventureros, turistas accidentales animados de un propósito levantisco; en todo caso, de viajeros que vulneran la ley cuando se dedican a hacer política dentro de territorio mexicano.

Los visitantes tienen derecho a una plena libertad de acción en Chiapas, siempre y cuando no violen las leyes mexicanas. Y éste es el punto: a cualquier detención ha de seguir una acusación en debida regla y que se ponga en marcha inmediatamente el adecuado curso de la justicia o, de otro modo, proceder a la puesta en libertad de los detenidos. En el Estado mexicano, en transición entre una semidictadura instalada hace más de medio siglo y una democracia todavía inacabada, hay motivos para recelar de esa zona de penumbra entre el yo acuso, pero no se sabe muy bien de qué, y la correspondiente acción de la justicia.

El propio Gobierno del presidente Zedillo se niega, inteligentemente, a considerar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como una insurrección más contra el Estado y trata desde hace varios años de hallar una solución política al problema. Ésta se le ha escapado hasta la fecha, en parte porque las exigencias del EZLN, basadas en el reconocimiento de una autonomía para los pueblos indígenas, implicarían un giro radical en el teórico jacobinismo igualitario de la revolución mexicana. Pero, mientras el Estado negocia, es impensable que encarcele a los que vengan de fuera a ver qué pasa. Esa función de testigos, con salvoconducto internacional o visado de turista, es importante para la propia credibilidad de la reforma democrática del país; siempre y cuando, hay que insistir, la legalidad mexicana sea respetada.

Por todas estas razones, si no hay acusaciones concretas y verosímiles, la libertad de los españoles -y de los que no lo son- es una obligación jurídica. Chiapas debe ser la mejor prueba de la autenticidad de la reforma mexicana.