Hacia una nueva era

EL OBJETIVO inmediato del acuerdo histórico conseguido en Belfast no era alcanzar una solución definitiva al problema de Irlanda del Norte, sino relativizarlo y generar una dinámica de integración que permita que se asiente la paz en el Ulster. Por esa razón, aunque alcanzarlo ha sido en sí un enorme éxito, aplicarlo y desarrollarlo requerirá tanto o más esfuerzo que firmarlo. La paz se consolidará si el acuerdo contribuye a cambiar la relación existente entre las dos comunidades que se consideran a sí mismas como mayorías (los protestantes en el Ulster, aunque en caída demográfica, y los católicos en toda Irlanda) y al otro cómo minoría (los protestantes en toda la isla, los católicos en los condados del Norte). Es posible que el terrorismo no desaparezca de forma radical, pero si los violentos quedan marginados, se habrá dado un paso de gigante.Varios factores han hecho posible el acuerdo tras 22 meses de negociaciones: el hartazgo de la gran mayoría de los norirlandeses ante la violencia sectaria; la amplia mayoría parlamentaria de que goza el laborista Tony Blair, que le ha permitido presionar a los protestantes moderados de David Trimble, mientras que su predecesor, el conservador John Major, iniciador de este proceso, quedó preso de la necesidad que tenía de los votos unionistas en Westminster; y la participación del Sinn Fein, el brazo político del IRA, tras lograr su presidente, Gerry Adams, que se consolidara la tregua decretada por la guerrilla republicana. Hay que contar, además, con el peso de EE UU en las conversaciones, reflejado en la magnífica labor del presidente de la mesa negociadora, el ex senador norteamericano George Mitchell, y también en el compromiso personal de Clinton.

El acuerdo no cuenta con el apoyo de todas las partes en Irlanda del Norte, pero sí con una cobertura amplísima entre sus partidos. Se ha conseguido contrarreloj y no podía ser de otro modo, pues de poco habría servido alargar una negociación que la violencia de grupos incontrolados podía dinamitar. El marco general estaba prácticamente fijado en las propuestas de Londres y Dublín del 12 de enero pasado. Faltaba que todos -y especialmente Blair y el primer ministro irlandés, Ahern- pusieran toda la carne en el asador. El resultado, sacado con fórceps, no satisface plenamente a ninguno de los participantes, pero permite a todos cantar victoria: los republicanos porque en él divisan el futuro de una Irlanda unida; los protestantes porque pueden creer garantizada la unión del Ulster al Reino Unido.

Ahora debe comenzar la segunda fase de este proceso. El 22 de mayo se someterá a referéndum en el Ulster y el Eire, se convocarán elecciones y las instituciones previstas echarán a andar. El acuerdo tiene tres dimensiones institucionales. La del Norte, por la que se establecerá una Asamblea en el Ulster elegida por un sistema proporcional y de la que saldrá un Ejecutivo, necesariamente integrador. La segunda dimensión, la NorteSur, establece una coordinación entre Londres y Dublín y prevé la creación de unos consejos ministeriales. Desde esos consejos se tratarán los asuntos transfronterizos, y en ellos los republicanos quieren ver la semilla de una Irlanda unida y los protestantes recelan de que la República se inmiscuya en los asuntos del Norte.

Esta dimensión institucional permitirá luchar con más eficacia contra el terrorismo y, en una Irlanda dividida desde 1921, vaciar el algo desfasado principio de la soberanía nacional. La República renuncia a su reivindicación constitucional sobre la unificación de la isla, y Londres hace otro tanto en sentido contrario al revocar la Ley de Irlanda que reclamaba la jurisdicción británica sobre toda Irlanda. En la dimensión institucional Este-Oeste se crea el Consejo Británico-Irlandés, que reunirá a representantes de los Parlamentos de Dublín, el Ulster, Escocia, Gales y Londres, lo que funciona como garantía suplementaria al unionismo protestante.

Era hora de que se acabara la excepcionalidad jurídica en el Norte y se reforzara el respeto a los derechos humanos en toda Irlanda. El acuerdo permitirá que arranque la ya creada comisión independiente, presidida por un general canadiense, para desarmar las bandas terroristas que han aceptado este acuerdo. El pacto obliga a la Administración británica a revisar la situación de los presos de los grupos que respetan la tregua y a reducir la presencia militar británica en Irlanda del Norte, junto a una revisión de la situación policial.

El principio de la paz en el Ulster es una gran noticia de la que pueden y deben extraerse muchas lecciones. En España tendrá seguramente una lectura interesada por quienes ven en el Ulster y en el País Vasco dos situaciones políticas y sociales similares. No lo son. La violencia en Irlanda ha encontrado su camino para desaparecer y subsimirse en un proceso político democrático; Euskadi deberá encontrar el suyo propio.