El fraude en la importación de componentes informáticos supera los 150.000 millones
La Fiscalía Anticorrupción, la Inspección de Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Banco de España están investigando redes de importación ilegal de componentes informáticos que financian sus compras con el IVA que cobran en sus ventas pero que no declaran a Hacienda. Hacienda no detecta el fraude, estimado en 150.000 millones de pesetas, hasta un año después, cuando tiene en sus manos las declaraciones de las empresas que han pagado el IVA. Para entonces, las que lo han cobrado ya han desaparecido y operan con nuevo nombre y administradores.
Las autoridades estiman en un mínimo de 150.000 millones el movimiento económico fraudulento de esas redes. Las investigaciones, en curso desde hace varios meses, se iniciaron de forma paralela a raíz de una denuncia de las autoridades alemanas, a través de Interpol, y de tres organismos oficiales españoles. Por un lado, el Banco de España, que ha detectado una ingente salida de dinero hacia el exterior.Por otro, la Inspección de Hacienda descubrió, principalmente en Madrid, Barcelona y Andalucía, un importante número de empresas que, a pesar de no poseer estructura ni recursos financieros, facturaban miles de millones.
El principal problema para la investigación reside en que cuando esas empresas fantasma son identificadas ya han dejado de operar y sus administradores suelen ser residentes en el extranjero.
Un simple maletín
Introducir algunos componentes informáticos de contrabando, como por ejemplo los diminutos chips, no requiere camiones o grandes depósitos. Un simple maletín, en el que caben microprocesadores suficientes para equipar centenares de ordenadores, es fácilmente transportable y cruza fronteras sin despertar apenas sospechas.Según se desprende de las investigaciones en marcha, algunas empresas se suministran de esos productos directamente en los mercados de origen. En primer lugar, Asia, donde países como Singapur, Taiwan, Corea, no desperdician ni una petición en un contexto de descenso vertiginoso de los componentes para la fabricación de ordenadores. Pero también esta forma ilegal de importación abarca, a países punteros: en esta teconología, como EE UU y Japón.
Paralelamente, fuentes del sector informático aseguran que ésta es sólo una parte de la realidad. Según esta versión, un negocio que comenzó como una artimaña de algunos empresarios españoles, parece tener detrás una red exterior que podría estar blanqueando dinero a través de la compra de unos productos que reúnen los requisitos de ser fácilmente transportables, rápidamente convertibles en dinero líquido y que abastecen un mercado en actitud compradora.
Según las investigaciones, las sociedades que en España aparecen como importadoras generan facturas que permiten a muchas empresas vendedoras de productos finales justificar parte de sus gastos y el derecho a deducciones por el IVA soportado.
Este extremo de la operativa es el que detectó el Banco de España gracias tanto al registro de salida de dinero al exterior como a las denuncias de los propios bancos a través de los que se realizaban.
En otros casos, incluso importantes vendedores de ordenadores aseguran que se ven obligados a comprar sus componentes a esas redes, pues gracias a que se quedan el IVA pueden ofrecer precios incluso más bajos que los que ellos obtienen comprando directamente a los fabricantes.
Las sociedades utilizadas como entrada para las importaciones de contrabando no rebasan el medio millón de pesetas de capital social, no realizan ninguna de las declaraciones fiscales preceptivas ante Hacienda, excepto el IVA, y acostumbran a operar con números de identificación fiscal provisionales.
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