La ley de inmigración abre fisuras en la coalición de izquierdas francesa

"No es admisible que una parte de la izquierda sostenga la porra en alto mientras la otra impide la circulación de los aviones", explicaba gráficamente Jean-Christophe Cambadelis, secretario nacional del Partido Socialista (PS). En efecto, Cambadelis se quejaba de que, al mismo tiempo que la gran mayoría de socialistas respaldan el proyecto de ley sobre el control de flujos migratorios propuesto por Jean-Pierre Chevénement, ministro del Interior, los ecologistas y comunistas participan, junto a trotskistas o asociaciones humanitarias, en las manifestaciones que intentan impedir la expulsión, a través de vuelos regulares, de inmigrantes en situación ilegal.

El cambio de estatuto del Banco de Francia (con la transferencia de soberanía al Banco Central Europeo) ya mostró en la madrugada del miércoles las fisuras de la llamada izquierda plural en el poder: Votaron a favor el PS, la mayor parte de los liberales y centristas de la Unión Democrática Francesa (UDF) y muchos gaullistas de la Asamblea Para la República (RPR); y en contra, el PCF, los republicanos de Chevénement y siete diputados del RPR. Los verdes se abstuvieron.La ley de inmigración propugnada por el primer ministro socialista, Lionel Jospin, también hizo visibles ayer las grietas en la coalición de izquierdas: fue rechazada por cinco de los seis diputados verdes, mientras que los comunistas se abstuvieron, salvo un diputado, que votó en contra, al igual que la oposición conservadora, que sin embargo no obtiene beneficios políticos de esta ruptura. En cada caso -nacionalismo antieuropeista en el del banco, discurso izquierdista en el de los inmigrantes-, los aliados del PS van en búsqueda de los votos que han perdido, en las últimas elecciones, en favor de la extrema izquierda.

"Hacer política para un país no consiste tan sólo en definirla, sino que, cuando se está en el gobierno, hay que aplicarla", les recordó el primer ministro Lionel Jospin, a sus aliados demasiado plurales, a los que luego pareció referirse al hablar de "irresponsables que incitan espectacularmente" a los extranjeros en situación irregular a crear un máximo de problemas de transporte.

Para Chevénement, seguro y satisfecho del respaldo aportado por Jospin, su proyecto de ley "es del Gobierno, de todo el Gobierno, de todos sus ministros", y dijo que todos sus colegas de Ejecutivo lo aprobaban, puesto que "cuando uno no puede solidarizarse con una acción gubernamental debe dimitir".

El proyecto de ley de Chevénement supone la regularización de algo más de la mitad de las 150.000 personas que vivían en Francia en situación irregular, pero querían tener los papeles en regla. El resto, "de momento 39.516 personas, han visto rechazada su solicitud", explicaba el ministro, "y tienen el plazo de un mes para abandonar el país". A los adultos que aceptan la expulsión el Gobierno les ofrece 4.500 francos (112.000 pesetas) para ayudarles a instalarse de nuevo en su país de origen y son enviados en avión.

La llamada izquierda moral -ciertos grupos intelectuales, asociaciones humanitarias, partidos de extrema izquierda, etcétera-, a la que se han sumado la Conferencia episcopal y 133 cineastas a través de un manifiesto contra el "encarnizamiento represivo" de que son objeto los inmigrantes, amenaza sin embargo en convertir las matemáticas parlamentarias en manifestaciones callejeras, como ayer ante la Asamblea Nacional, y desgaste político. Que las diferencias dentro de la izquierda afloren no le sirve de nada a la derecha. Ayer se confirmó la expulsión de la UDF de los tres candidatos que aceptaron los votos del Frente Nacional (FN) para acceder a la presidencia de una región mientas en París la batalla por el Ayuntamiento sigue y el alcalde, el gaullista Jean Tiberi, aparece más y más aislado.