El senador González Arroyo se querella contra el arquitecto que le denunció
El senador del PP por Fuerteventura y alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, presentó ayer una querella por calumnias e injurias contra el ex arquitecto municipal Casto Martínez que le denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por supuestas irregularidades urbanísticas y cobro de comisiones ilegales en el municipio.Domingo González Arroyo, conocido en Fuerteventura como "el marqués de La Oliva", anunció que ha interpuesto dicha querella -por medio del abogado de Madrid Luis Rodríguez Ramos- ya que estima que los hechos denunciados por Casto Martínez "son radicalmente falsos y desprecian temerariamente la verdad".
El senador del PP ha difundido también un comunicado en el que asegura que cuando el Ministerio Fiscal finalice la investigación correspondiente, se ejercitarán las restantes acciones legales relativas a la ''falsedad de la denuncia", que fue presentada por el ex arquitecto municipal de La Oliva a finales del pasado mes de febrero.
Sin embargo, las afirmaciones de Domingo González Arroyo, presidente del PP en Fuerteventura, han encontrado un serio revés tras las revelaciones efectuadas por dos empresarios de la isla, quienes han admitido que realizaron pagos cercanos a los 160 millones de pesetas a cambio de la concesión de licencias de obras en el municipio de La Oliva.
El alcalde, según las declaraciones de los empresarios, habría otorgado licencias de construcción después de que los solicitantes explicasen sus proyectos en una entrevista personal, y se habrían cobrado diversas cantidades de dinero por conceptos que no devengan pago, como la tramitación de licencias de infraestructuras.
Apoyos de alto nivel
Casto Martínez, que trabajó como arquitecto municipal de La Oliva durante 17 años, define la actuación urbanística en el Ayuntamiento de "estado generalizado de cómo no se debe gestionar el territorio", y afirma que, tras denunciar esta situación, ha recibido "grandes apoyos al más alto nivel" del PP, partido del que es militante.La denuncia presentada contra el alcalde de La Oliva tropieza mientras tanto con la impasibilidad de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyo fiscal jefe, Juan Guerra Manrique de Lara, ha insistido en que no se iniciará ningún tipo de actuación hasta que se atenúe la polémica. Si el fiscal instructor designado para el caso, una vez se haya procedido a su nombramiento, estima que hay motivos para proseguir las actuaciones judiciales, se pondrían estos hechos en conocimiento del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien podría remitirlos a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Por su parte el PP canario ha iniciado una investigación interna, según informa Efe.
