Dificultades para impedir escenas violentas

El Gobierno, en una respuesta parlamentaria, considera que la violencia en televisión es "un problema de difícil solución", incluso dentro del horario infantil, ya que la ley no ve infracción en esas escenas cuando la violencia no es "gratuita", es decir si está justificada de algún modo."Allí donde no hay infracción de la ley", reconoce el Ejecutivo, "Ios programadores de televisión conservan el derecho constitucionalmente reconocido a organizar sus emisiones de acuerdo con sus propios criterios e intereses".

En España el horario de protección a la infancia en la programación televisiva está establecido entre las 22 horas y las seis de la mañana: en esa franja o pueden emitirse programas que contengan escenas de pornografía violencia gratuita.

"La mera emisión de actos de violencia en horario protegido", dice el Gobierno, "no constituye en sí misma violación de la normatvia, salvo en el supuesto de que dicha violencia tuviera carácter gratuito".

La normativa comuitaria prohibe los programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores "salvo que se garantice, por elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que los menores en su campo de difusión no ven ni escuchan normalmente dichas emisiones".

El Gobierno admite que un reciente estudio del Consejo Audiovisual de Cataluña "refleja cierta situación en la programación audiovisual que resulta preocupante por cuanto, más allá de las normas legales, se detecta una clara tendencia en los materiales de ficción a la utilización de la violencia como principal recurso dramático".

"Ninguna administración pública", señala el Gobierno, "tiene capacidad para ordenar a una televisión privada lo que debe o no debe emitir ni el orden en que debe hacerlo y atenuar la carga de violencia cuando no sea gratuita, es decir, cuando no hay infracción de ley". En consecuencia, "la programación televisiva sólo puede ser resultado de acuerdos de autorregulación y no de medidas coercitivas, que carecerían de respaldo legal".

El Ejecutivo recuerda en su respuesta parlamentaria que la Administración promueve el desarrollo de acuerdos de autorregulación, en los que puntualiza que "deben jugar un papel, más importante s asociaciones de consumidores y teleespectadores".

Las asociaciones de telespectadores se han manifestado a favor de la instauración en España del denominado chip antiviolencia, para que las familias puedan conocer previamente el grado de violencia y sexo de los contenidos televisivos y codificar los que consideren inadecuados para sus hijos.

Las cadenas públicas y privadas mantienen un convenio de autorregulación con el Ministerio de Educación y Ciencia para respetar el denominado horario infantil.