Defensa facilitará los datos de dos millones de jóvenes a una empresa de publicidad

El Ministerio de Defensa facilitará a la empresa publicitaria que se adjudique la campaña de promoción de la tropa profesional los nombres y direcciones de dos millones jóvenes españoles a los que se considera potenciales aspirantes a enrolarse en las fuerzas Armadas. Se trata de que dicha empresa les remita una carta con publicidad de campaña y la instancia para presentarse. Los expertos consultados por EL PAÍS consideran que esta práctica no cumple las garantías previstas en la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal de 1992.

Hoy acaba el plazo de presentación de instancias para la primera convocatoria de tropa profesional de este año, que comprende 7.203 plazas. Las previsiones apuntan a que se presentarán entre dos y tres aspirantes por plaza, por debajo de los cuatro de 1997 o los seis de 1996.El Ministerio de Defensa confía, sin embargo, en cubrir las 12.500 nuevas plazas de tropa profesional convocadas este año (más de 20.000 contando con la reposición de bajas), lo que resulta imprescindible para cumplir el compromiso de suprimir el servicio militar obligatorio en el 2002.

Para estimular la presentación de aspirantes, se pondrá en marcha una macrocampaña de publicidad que se iniciará el próximo mes de mayo y concluirá en abril de 1999, con un presupuesto de 1.650 millones de pesetas. La campaña, cuya convocatoria se publicó en el BOE del 20 de febrero, incluye la producción e un cortometraje, diez vídeos y un CD-ROM, la edición de 250.000 guías, 320.000 carteles, 2.400.000 folletos, 800.000 boletines y 300.000 pegatinas y la apertura de diez páginas en Internet, entre otras acciones.

Soporte informático

El aspecto más controvertido es, sin embargo, la realización de un envío postal a dos millones de varones de entre 18 y 24 años, a los que se considera potenciales aspirantes a soldado profesional, por el que la empresa adjudicataria cobrará 12.000.000 de pesetas.El pliego de prescripciones técnicas explica que los envíos se realizarán en mayo y noviembre de este año y en febrero de 1999 y que "el Ministerio de Defensa facilitará al adjudicatario las direcciones en soporte informático".

El documento administrativo, que contiene numerosas referencias a la normativa aplicable, omite cualquier alusión a la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), en vigor desde enero de 1993, y se limita a señalar que "la utilización de las direcciones y nombres facilitados por el Ministerio o la entidad competente tendrá carácter confidencial".

El artículo 27 de la LORTAD va mucho más allá y especifica que quienes presten servicios de tratamiento automatizado de datos personales para un tercero no podrán utilizarlos con otro fin ni cederlos y que, tras concluir su tarea, deberán destruirlos, salvo que se les autorice a guardarlos en condiciones de seguridad.

Los expertos consultados por EL PAÍS indicaron que, si sigue adelante con el proyecto, el Ministerio de Defensa debería garantizar que los datos suministrados a la empresa publicitaria no quedan en su poder para una posterior utilización, lo que resulta muy difícil, ya que basta con copiar el soporte informático. El pliego del concurso especifica que la firma adjudicataria dispondrá de cinco días para realizar los envíos una vez recibidos los nombres y direcciones, tiempo más que suficiente para sacar una copia, si no fuera porque ni siquiera se indica que la cinta deba ser devuelta o destruida.

Hay que tener en cuenta que los dos millones de datos suministrados por Defensa tienen un valor incalculable para una empresa de márketing, ya que se trata nada menos que de las direcciones de todos los varones españoles de entre 18 y 24 años, mercado potencial de una amplísima gama de productos específicamente dirigidos a la juventud.

Sin embargo, no basta, según los expertos, con que el ministerio garantice que los datos personales no serán copiados por la empresa publicitaria para que desaparezcan los reparos legales.

¿Por qué dispone Defensa de los nombres y direcciones de dos miillones de jóvenes? Porque los ayuntamientos están obligados a facilitárselos para el reclutamiento, en aplicación de la Ley del Servicio Militar. Eso explica que Defensa tenga los datos de los varones y no de las mujeres, a las que no se enviarán cartas. Dicha cesión no sólo es obligatoria lealmente, sino que está protegida por el Código Penal, hasta el punto de que algunos alcaldes han sido condenados por negarse a facilitar a Defensa las listas de mozos de su municipio.

¿Puede Defensa utilizar para una campaña publicitaria los datos que los ayuntamientos les han facilitado para el reclutamiento de la mili forzosa?

La respuesta de los expertos es que no. Se basan en el artículo de la LORTAD, según el cual os datos personales "no podrán usarse para finalidades distintas de aquéllas para las que hubieran sido recogidos", y también en el 19, que prohíbe la cesión de datos entre administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes, salvo en los casos previstos legalmente.

Un portavoz de Defensa indicó ayer que, "si algún aspecto del concurso suscita dudas, se clarificará", ya que la voluntad del ministro Eduardo Serra es "cumplir escrupulosamente la ley".