El Gobierno asegura que 21 diputaciones superan a Guadalajara en deuda acumulada

En el Gobierno y en el PP no conceden olficialmente gran importancia al caso Tomey porque entienden que son mayoría las diputaciones en la misma situación que la de Guadalajara. Cuando comparan las cuentas del organismo que preside el senador Francisco Tomey -acusado de ocultar de manera "ficticia" hasta 3500 millones de pesetas- con las demás diputaciones, se refieren a los datos oficiales sobre deuda oficial acumulada por estas instituciones, que sumaban más de 319.000 millones de pesetas en 1995.

En esa clasificación, Guadalajara figuraba en el puesto número 22 de las diputaciones con más deuda. Destaca, sin embargo, que su Diputación ya era en ese momento la primera de la lista si esa proporción de deuda pendiente de cobro se calcula -una vez excluidas las vascas, con máxima soberanía fiscal- sobre el número de habitantes de la provincia.El portavoz del PSOE sobre corporaciones locales, Alfonso Perales, considera esta clasificación en cualquier caso como una "operación de maquillaje para enmascarar el núcleo del problema de lo sucedido en Guadalajara, donde un señor ha mentido y ha cometido un presunto delito. de falsedad documental".

En el Gobierno y en el PP insisten en calificar el caso Tomey simplemente como una "anomalía contable poco académica". No se admite la acusación de "corrupción". De esta manera les resulta más fácil explicar el agujero de 3.500 millones como un déficit presupuestario habitual. Y se ofrece para demostrarlo el cuadro comparativo de los derechos pendientes de cobro en 1995 elaborado por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda.

Investigación del PP

La misma línea de trabajo se sigue también en la investigación interna abierta por el PP. El expediente en marcha intenta justificar primero los casi 1.300 millones de pesetas que la Diputación de Guadalajara presupuestó en distintos ejercicios como aportaciones previstas del Estado y que nunca llegaron. En 1993 un grupo de- 84 senadores populares presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley que modificó entonces los criterios de asignación de la participa ción del Estado en las corporaciones locales. Tomey ha intentado argumentar parte del agujero de la Diputación en esta teórica disparidad de criterios, aunque el Estado ha contestado en varias ocasiones a preguntas de los di putados socialistas que en sus arcas no hay ninguna deuda pendiente con ese organismo.En el PP replican que ni el Estado ni la Diputación pueden consignar esas partidas hasta que no se resuelva ese recurso de constitucionalidad. Fuentes socialistas han reconocido que en todas las corporaciones hay facturas de "dudoso cobro" pero con deudores conocidos. El problema para Tomey está en que tan sólo ha podido entregar facturas como para justificar unos 400 millones de los 3.500 citados.