El AMI, un acuerdo casi clandestino

Su contenido casi no se conoce. No se han suscitado debates oficiales sobre el mismo. No existen explicaciones. Apenas se ha desarrollado en los medios de comunicación, salvo en los especializados o en los muy críticos. Se está negociando desde 1995 y hay la posibilidad -así se había programado- de que sea aprobado en abril. Se ha dado escasa publicidad al hecho de que el Parlamento Europeo, a mediados de este mes, lo haya rechazado, pedido a los Parlamentos nacionales que no lo aprueben en su actual redacción, y denunciado por la forma secreta en la que se han llevado a cabo las conversaciones. Y sin embargo se trata de un convenio trascendental para la economía del fin de siglo.Se llama Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Renato Ruggiero, lo ha definido como "la Constitución de una economía mundial unificada", y un líder socialista francés -es decir, del partido que gobierna en uno de los países más ricos del mundo-, por el contrario, como "una forma de sóviet económico mundial animado por los dirigentes de los grandes grupos multinacionales, y excluido del control de las naciones".

El AMI es un proyecto de acuerdo negociado en el seno de la OCDE, que agrupa a las 29 naciones más favorecidas del mundo, que busca la apertura total de los mercados para las inversiones de los países de la organización, con igualdad de trato entre nacionales y extranjeros. Una especie de liberalización uniforme de las inversiones, como la que ya existe en la OMC para los bienes y los servicios. En resumen, el AMI prohíbe que los Gobiernos restrinjan, condicionen o discriminen a los inversores internacionales;es decir, que ejerzan su acción sobre las inversiones.

Por ejemplo, un Gobierno ya no podrá poner como requisito para instalarse en un país la obligación de crear un determinado número de puestos de trabajo; tampoco habra limitaciones para los extranjeros a la compra de empresas públicas en proceso de privatización; no será posible: la discriminación positiva hacia los inversores nacionales. El AMI facilita a las sociedades acudir a los tribunales internacionales para demandar al Gobierno que haya incumplido estas normas, y demandar indemnizaciones por los daños reales o los beneficios potenciales no obtenidos. Deja caduca, por tanto, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, de la ONU, que indica que "cada nación tiene el derecho inalienable de regular las inversiones extranjeras y ejercer su control sobre esas inversiones".

Las reacciones al AMI (ninguna en España: ¿se ha oído a algún miembro del Ejecutivo hablar del mismo?) tienen dos tipos de graduaciones. Las de los que afirman que se trata de una especie de golpe de Estado de las multinacionales, que instaura un paraíso para las mismas, en el que el voto ciudadano será irrelevante.Y las que, como mal menor, buscan excepciones al Acuerdo; estas últimas tienen como protagonistas a algunos países europeos -y Canadá- (además de la mencionada negativa del Parlamento Europeo), que entienden que el AMI conduce a liberalizaciones uniformes en sectores tan sensibles como el audiovisual y la propiedad intelectual, símbolos de la diversidad y de la tradición cultural europea; el AMI sería otra forma de acabar, por la puerta de atrás, con la excepción cultural europea.

Por otra parte, temen que su aplicación conllevará la reducción irremediable del Estado del bienestar y de la protección al medio ambiente (nivelación a la baja). Por último, y no menos importante, entienden que una auténtica revolución como la que supone el AMI merece un debate público que no sólo no se ha producido, sino que ha pretendido ocultarse. La OCDE tendrá una reunión ministerial los días 27 y 28 de abril para concluir el acuerdo.