De anécdota a categoría

Si la no comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno ante el Congreso de los Diputados para dar una explicación pública de su conversación con el abogado de los ex policías Amedo y Domínguez en el despacho del director de El Mundo y de los compromisos que en ella pudo adquirir para cuando el PP ocupara el Gobierno pudo considerarse inicialmente que era una simple anécdota, la resistencia numantina que se ha orquestado por el Gobierno a que dicha comparecencia se produzca está convirtiendo la anécdota en categoría.En efecto, dicha resistencia ha comprometido ya la imparcialidad de la presidencia del Congreso. Ha comprometido la imparcialidad de los servicios jurídicos de la Cámara, inducidos a elaborar un dictamen pro parte con la finalidad de que el presidente pudiera justificar su decisión. Ha provocado un empate en la Mesa. Ha interrumpido la costumbre de que cuando el vicepresidente primero preside el Consejo de Ministros por ausencia del presidente sea él quien protagonice la rueda de prensa posterior a dicho Consejo. Está llevando al Gobierno a la esquizofrenia, política por supuesto, de anunciar oficialmente el viernes a través de su portavoz que el vicepresidente no tiene inconveniente en comparecer ante la Cámara y de movilizarse a escondidas el lunes para "pedir formalmente a sus socios nacionalistas en el Congreso" (EL PAÍS, 26 de marzo) que se opongan a dicha comparecencia. Ha forzado a CiU a cambiar su criterio de hace dos semanas posterior a la reunión de la Mesa por el de esta semana en la Junta de Portavoces. Y ha obligado a la Junta a optar por el "secretismo" en un asunto tan de interés para la opinión pública que está en todos los medios de comunicación, incluidos los que apoyan inequívocamente al Gobierno.

El cúmulo de anomalías no puede ser más llamativo, Y la erosión de la institución parlamentaria como centro del debate político y del proceso de formación de la opinión pública no puede ser mayor. ¿Qué confianza se puede tener en unos órganos que se ponen de acuerdo para hurtar una explicación a la opinión pública y no para proporcionársela? Esto es lo que está produciendo la negativa del vicepresidente a comparecer ante el Parlamento.

Y, además, para nada. Porque no puede salirse con la suya. La no comparecencia está aparcada, pero no resuelta. La lógica de un sistema democrático no sólo es implacable, sino además irresistible. El vicepresidente no va a poder eludir indefinidamente su comparecencia ante el Congreso. Y, si no puede comparecer porque o tendría que mentir o que incriminarse, entonces, no le quedará otra salida que la dimisión.

La democracia es ante todo procedimiento. Una comparecencia parlamentaria y el debate subsiguiente puede no dar respuesta a todas las preguntas que existan en la opinión pública sobre un determinado asunto. Pero lo que no puede es no producirse. Si no se puede hablar en el Parlamento, no se puede gobernar. Y, en democracia el Gobierno no puede elegir sobre lo que quiere hablar, sino que tiene que hablar de lo que él quiere, pero también de lo que no quiere. Al presidente del Gobierno le puede parecer una "colosal estupidez" y una "pérdida de tiempo". A través de esas fórmulas puede evitar contestar a los periodistas. Pero a los parlamentarios democráticamente legitimados para pedir explicaciones no se los puede despachar de esta manera. Entre otras cosas, porque hay 12 millones de ciudadanos detrás de los partidos que han solicitado la comparecencia del vicepresidente. Más, por cierto, de los que votaron a los partidos que se oponen a la misma.