Euro para once

ONCE PAÍSES han aprobado la selectividad del euro. Todos los que querían participar desde el principio, excepto Grecia. Es bueno que así sea, especialmente para España, a quien perjudicaba el intento de las dos velocidades propuesto en su día por los Estados más ricos. El proyecto más ambicioso de la construcción europea desde la creación en 1957 de la Comunidad Económica Europea no podía quedar limitado a unos pocos. Menos aún cuando la llamada ortodoxia económica -como vienen a reconocer las notas puestas por los informes de la Comisión Europea y del Instituto Monetano Europeo (IME, precursor del Banco Central Europeo)- se ha extendido a estos 11 países.Los informes allanan el camino para la cumbre del 1 al 3 de mayo, que ha de formalizar el lanzamiento del euro para enero, un proyecto llevado en volandas por la voluntad política de unos pocos -entre ellos, Helmut Kohl-, una coyuntura económica favorable y elementos de contabilidad creativa en casi todos los países.

La sostenibilidad del proyecto es ahora el elemento de mayor preocupación en el informe del IME, quizás más independiente que la Comisión Europea, aunque ambos apuntan a la necesidad para Italia y Bélgica de reducir sus elevados niveles de deuda pública. La sostenibilidad del euro, y de los países en el euro, se ha transformado en elemento central del debate, una vez que ya no se trata de llegar, sino de poder seguir en la carrera y garantizar la estabilidad y fortaleza de la moneda europea. Está claro que el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas en los Estados de la UE va a proseguir e incluso acentuarse una vez el euro en marcha.

El euro es ya cosa de todos y a todos nos interesa, su éxito. El de la moneda y el de las políticas económicas que acompañan su nacimiento y que deben generar crecimiento y empleo, además de reducir las diferencias sociales y regionales. En la Europa del euro, las diferencias entre países ricos y pobres deben tender a reducirse. Mucho tiene que ver con esto la propuesta de la Comisión Europea sobre las perspectivas financieras y presupuestarias y de reformas de las políticas agrícola y estructural para la Unión a quince durante el periodo 2000-2006, y que ya ha concitado agrias polémicas.

El pasado fin de semana, en el Ecofin de York, el vicepresidente económico español, Rodrigo Rato, expuso algunas dudas obvias sobre la mesa. La. principal, si el techo del 1,27% del PIB será suficiente para sostener los dos objetivos teóricamente compartidos por todos: mantener el grado actual de integración de la UE a quince y afrontar los gastos que generará la primera fase de la ampliación hacia los países del Este europeo.

La generalización del sistema que coordinadamente propugnan Alemania, los Países Bajos, Suecia y Austria para reducir la diferencia entre lo que estos países aportan a y lo que reciben de las arcas comunitarias, es una manera de pensar que amenaza con corroer, e incluso destruir, a la Unión. ¿Con qué recursos se dotarán las políticas comunitarias si ingresos y gastos tienden a igualarse nacionalmente? ¿Qué dinero quedaría para los países menos ricos si los más prósperos recuperan la mayor parte de lo que aportan? Tendríamos euro, pero no solidaridad; ni siquiera comunidad.