Críticas del PP y los ayuntamientos andaluces a la ley regional de cajas

La ley de Cajas de Ahorros de Andalucía inició ayer su andadura y, aunque por ahora es sólo un anteproyecto, recogió ya las primeras quejas de la oposición, Partido Popular e Izquierda Unida, y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Este rechazo se centra casi exclusivamente en la representación que diversos colectivos tendrán en los órganos de gobierno de las entidades. El texto, que ha sido pactado por el PSOE y el Partido Andalucista (PA), socios en el Gobierno andaluz, presenta varias novedades.Entre ellas destaca la creación de una entidad financiera común (la caja de cajas) para grandes operaciones económicas y la obligatoriedad de las cajas de fuera de la comunidad de invertir parte de los beneficios que capten en la región en proyectos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de Andalucía. Un intervencionismo duramente criticado por el PSOE en comunidades como Castilla y León.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer el anteproyecto de ley de Cajas, que será remitido a los sectores implicados, entre ellos al Banco de España, antes de su visto bueno definitivo y envío al Parlamento autonómico. El rechazo del Partido Popular, Izquierda Unida y la FAMP no se debe a los objetivos de la ley, sino a la representación que fija para los órganos de gobierno de las cajas (asamblea y, sobre todo, consejo de administración). El texto estipula que la Junta de Andalucía tendrá el 21%, del que la mitad lo elegirá el Gobierno y el resto, el Parlamento; las corporaciones municipales, el 35%; los impositores, el 28%; los fundadores, el 9%; y los empleados, el 7%.

Defensa de la Junta

La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, destacó que la "proporcionalidad" ha sido un criterio básico empleado en todos los aspectos de la ley y recalcó que las cajas andaluzas "no son de ningún sector, sino de todos y cada uno de los andaluces". Esta premisa ha sido la que ha inundado todo el proyecto, según dijo.El PP, que reclamó el máximo consenso posible, indicó que la entrada de la Junta en los consejos convierte las cajas en "un instrumento al servicio" del Gobierno andaluz. No obstante, olvida que este esquema es incluso más suave que el aplicado en la Comunidad Valenciana, donde la ley de Cajas fue redactada por los populares. El anteproyecto debatido por el Gobierno va dirigido a las seis cajas andaluzas, un sector que maneja en Andalucía depósitos de 3,3 billones de pesetas, tiene 2. 100 oficinas y da empleo a 11.600 personas.

Entre las novedades figura la ampliación de la obra social, que tendrá por finalidad el apoyo a los sectores productivos y el fomento del empleo. También se crea la figura del Defensor del Cliente, que dependerá de la Junta, y el Instituto Andaluz de Finanzas, que hará labores de coordinación. Las funciones de inspección quedarán en la Consejería de Economía.