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IU pide ayudas para los ex presos políticos excluidos de las de 1990

La Asamblea de Madrid decidirá en los próximos días si indemniza a unos ochenta ex presos políticos del franquismo que se quedaron fuera de las compensaciones aprobadas en 1990 por el Gobierno de la nación. Ésta era para mayores de 65 años que permanecieron presos más de tres años. La propuesta parte de una iniciativa de IU y será sometida a votación a principios del mes de abril. Centenares de ex presos Políticos se quedaron fuera de las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno socialista en 1990. Los motivos: no haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 1990 o no haber permanecido en prisión un mínimo de tres años. La Comunidad Foral de Navarra se desmarcó de esas condiciones fijadas por el gobierno central y decidió indemnizar también a los ex presos políticos de la dictadura desde un año de cárcel y sin límite de edad.Ahora, la Asamblea de Madrid votará, el próximo mes de abril, una proposición no de ley presentada por IU para que se apruebe la concesión inmediata de estas indemnizaciones a los ex presos no incluidos por no alcanzar los 65 años. El profesor y periodista Francisco Sánchez Ruano lo explica: "El Defensor del Pueblo se dirigió a todas las comunidades autónomas con la recomendación de que adoptaran medidas complementarias a las indemnizaciones aprobadas. Madrid fue una de las que contestaron favorablemente".

Cuando Sánchez Ruano tenía 24 años, ingresó en prisión. Fue en 1962. Once años más tarde obtuvo la libertad condicional. "La mayor parte la pasé en el penal de Burgos, aunque también me llevaron de turismo a otras prisiones", recuerda.

Un centenar de personas

Ahora, con 60 años a sus espaldas, Sánchez Ruano reclama una indemnización a la que, por ley, no tiene derecho. En la región madrileña, entre 80 y 100 personas se encuentran en su misma situación. Aunque la cifra se dispara si se considera también a los que estuvieron encarcelados menos de tres años. "Cuando llegué a la cárcel nadie me preguntó la edad que tenía. ¿Porqué ahora sí? Es algo incongruente", explica Luis Berlinche, de 70 años. "Desde el punto de vista económico, la indemnización es una bagatela que casi ni compensa el gasto y el esfuerzo hecho hasta ahora en los tribunales", concluye Berlinche, que pasó siete años en prisión.La actual normativa contempla el pago de un millón de pesetas a los ex presos que padecieron una prisión mínima de tres años y otras 200.000 pesetas por cada tres años más de cárcel. Casi 60.000 personas se beneficiaron de la propuesta, siendo la región madrileña la que salió mejor parada, con más de 10.000 casos. Con respecto al resto, la Asamblea tiene la última palabra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de marzo de 1998

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