Duran exige a Cascos cambios en la ley de devolución patrimonial a los partidos

Josep Duran, presidente de Unió Democrática de Catalunya (UDC) y socio de Jordi Pujol en CiU, reclamó ayer al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, la modificación del proyecto de ley de devolución del patrimonio a los partidos, incautado tras la guerra civil, para asegurarse la indemnización para su partido. Unió estima entre 500 y 800 millones la cantidad que puede percibir del Estado con la entrada en vigor del citado proyecto de ley, que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 26 de diciembre, en cumplimiento de los pactos de investidura con los nacionalistas, de abril de 1996. La reunión entre Álvarez Cascos y Duran se produce a una semana de que el proyecto de ley termine su periodo de tramitación de enmiendas en el Congreso.El problema que se le plantea a Duran es que la mayoría de las sedes de UDC -partido histórico, cuyo líder, José Carrasco Formiguera, fue fusilado en la Guerra Civil- incautadas tras la contienda por el franquismo eran locales arrendados, y el texto del proyecto de ley está pensado, preferentemente, para bienes patrimoniales con titularidad partidista. Unió ha introducido varias enmiendas que ayer planteó Duran a Álvarez Cascos.

Manuel Silva, diputado de CiU encargado de la elaboración jurídica de las enmiendas, precisa que Unió ha solicitado que en la exposición de motivos del proyecto de ley se haga referencia a la ley de incautación del 3 de febrero de 1939 que recoge la "pérdida de derechos", y que acarrearía la indemnización, aunque las sedes de los partidos no fueran de su titularidad sino arrendadas.

Al Partido Nacionalista Vasco también le afecta parcialmente este problema. Aunque los nacionalistas vascos eran propietarios de alguno de los inmuebles incautados, también contaban con otros en arrendamiento. La cantidad solicitada por el PNV asciende a 5.000 millones.

Una representación de UGT, sindicato también afectado, se reunió con Álvarez Cascos hace unos días y le trasladó la petición de que el nuevo proyecto acoja también sus pretensiones. UGT reclama una indemnización de 40.000 millones de pesetas.

El PSOE prefiere que la fórmula de devolución se plasme a través de una comisión formada por los afectados, la Administración y expertos.