La juez Palacio ordena el embargo de bienes del empresario Manuel Prado

, La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha iniciado los trámites para embargar los bienes de Manuel Prado y Colón de Carvajal, imputado en el llamado caso Torras. La magistrada ha emprendido el embargo tras recibir una notificación del Ministerio de Hacienda sobre los bienes del empresario, en la que figuran como únicas propiedades de Manuel Prado unas acciones y un coche cuyo valor total asciende a unos dos millones de pesetas. El empresario tiene su domicilio fiscal en Suiza, donde declaró hace unos meses que trasladaba todos sus negocios. La juez había impuesto a Manuel Prado una fianza de 2.000 millones de pesetas por su responsabilidad civil subsidiaria, a causa de su participación en una operación en la que recibió presuntamente, sin contraprestación alguna, 20 millones de dólares (unos 2.000 millones de pesetas de la época a la que se refieren los hechos) del grupo Torras , controlado por la Kuwait Investment Office (KIO). Los hechos a los que se refiere el auto ocurrieron en el año 1990. El empresario había declarado ante la juez Palacios que el dinero que había recibido en una cuenta en Suiza procedía de sus negocios particulares con Javier de la Rosa, que era representante del grupo KIO en España, aunque negó reiteradamente cualquier relación con el grupo Torras, cabeza del grupo kuwaití en España. La magistrada pidió a Manuel Prado que justificara las relaciones comerciales con De la Rosa, pero finalmente acordó la fijación de la fianza de 2.000 millones de pesetas, al entender que el grupo kuwaití, a través de Torras, había sufrido un perjuicio de 20 millones de dólares cuyo destino final no ha sido posible aclarar. Posteriormente, y tras la negativa de Manuel Prado a depositar la fianza, la juez instructora del caso pidió al Ministerio de Economía y Hacienda un listado de las propiedades del empresario. La cantidad que presuntamente recibió Manuel Prado procedía de una sociedad suiza, que, a su vez, la había recibido de otra, denominada Oackthorn, a la cual había llegado por orden de Wardbase, firma que se lo había reclamado al grupo Torras por su intermediación en la compra de Celulosas de las Ardenas. En el caso Torras, Javier De la Rosa figura también como imputado de presunta estafa al grupo kuwaití.