La Delegación del Gobierno deberá pagar a un bar que cerró ilegalmente

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que se indemnice por daños y perjuicios a los dueños del bar Max (distrito Centro), que fue clausurado tres meses en julio de 1992 por la Delegación del Gobierno de Madrid tras aducir que en su interior se toleraba el consumo de drogas. La Delegación del Gobierno de Madrid, entonces gobernada por el PSOE, cerró el bar Max tras una inspección policial en la que se intervino a uno de los dueños del local sustancias con apariencia de cocaína y heroína, por tener sospechas de que en su interior se "toleraba" el consumo de estupefacientes.El levantamiento de la sanción se debe a que las sustancias que decomisó la policía -subraya la Sección Primera del alto tribunal madrileño- "eran lidocaína y piracetam", y, por tanto, no se hallan en la lista de productos catalogados por las autoridades sanitarias como droga. El tribunal se basa en un informe elaborado por la Dirección General de Farmacia.

Antes del cierre, y al tener conocimiento de que existía el propósito gubernativo de clausurar el local, sus dueños presentaron un recurso de alzada ante la delegación, que lo desestimó. Por eso acudieron a la vía judicial. Alegaron por un lado que, cuando la policía inspeccionó el local y decomisó esas sustancias, los propietarios del bar eran otras personas. El tribunal rechaza este argumento: aunque ha cambiado la denominación de la empresa, "está probada la continuidad de las personas al frente de dicho negocio".

Los dueños también alegaron que la orden de cierre era precipitada por cuanto en ese momento aún no se habían analizado por Farmacia el tipo de sustancias intervenidas. El informe de Farmacia les da la razón: la lidocaína y el piracetam no están consideradas como drogas, aunque ambos productos, razona el tribunal, suelen emplearse "para adulterar heroína y cocaína". Por tanto, el cierre fue ilegal y "debe indemnizarse" al local "por el dinero que dejó de percibir" durante los tres meses que duró su clausura.

Exceso de horario

El alto tribunal madrileño se ha pronunciado también sobre otra sanción de tres meses de clausura impuesta por la Delegación del Gobierno a la discoteca Porche (situada en el kilómetro 37 de la carretera de A Coruña). El motivo, incumplir tres veces el horario límite de cierre nocturno. La delegación aplicó una falta grave y decretó tres meses de clausura, pues tres fueron las veces en que el local sobrepasó el horario. El tribunal declara "acreditado" que el local se "excedió" tres veces en "el horario de apertura". No obstante, rechaza la posibilidad de convertir esas tres faltas leves en una grave, ya que una de ellas no es aún firme (se está investigando aún su procedencia). El tribunal insta a la Delegación del Gobierno a que imponga la multa que entienda oportuna por la falta leve derivada del incumplimiento del horario.