La acusación popular pide a García-Castellón el procesamiento y detención inmediata de Pinochet

La acusación popular presentó el viernes por la tarde un escrito ante el Juzgado Central número seis de la Audiencia Nacional, en Madrid, en el que se solicita al juez Manuel García-Castellón el inmediato procesamiento de Augusto Pinochet y otros 38 altos cargos de la dictadura chilena por los delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal seguida de desaparición. Ante la gravedad de las imputaciones, la acusación popular pide al juez que se decrete prisión provisional sin fianza y se dicte, a través de Interpol, una orden internacional de busca y captura.

En el escrito, de 15 páginas, los abogados de la acusación popular, que entre otros representan a los familiares de los españoles asesinados y desaparecidos en Chile entre 1973 y 1990, se basan en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se establece que bastan los "indicios razonables" de un delito para la apertura del proceso.Estos indicios se sostienen en el testimonio de numerosos testigos y en la documentación aportada por la justicia estadounidense. Una de las declaraciones más destacadas es la del general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía política de la dictadura). En su escrito de revisión de condena, presentado en diciembre ante la Corte Suprema de Chile, el antiguo brazo derecho del ex dictador, afirma que él era un mero "delegado" del presidente de la República [Pinochet]", que "despachaba a diario con él", y "a quién, informaba permanentemente (...) de cualquier actividad o hecho que se produjera". Este importante testimonio se ve reforzado por el del fiscal estadounidense, Eugene Propper, que investigó en EE UU el asesinato de Orlando Letelier en 1976. Propper, en un memorando entregado en 1977 al secretario de Estado, Zbegnew Brzezinski, escribió que era difícil imaginar que Contreras ordenara asesinar a Letelier sin el conocirniento y autorización de Pinochet. También se incorpora el testimonio de Ernest Barcella, el otro fiscal norteamericano del caso Letelier, en el que dice que la DINA conspiró para cometer actos terroristas en otros países, incluido España.

Entre las personas a las que se solicita el procesamiento se encuentran los miembros de la brigada Mulchén de la DINA al completo, presunta autora de las torturas y asesinato del español Carmelo Soria, y los responsables de los centros de detención José Domingo Cañas 1315, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, donde supuestamente se consumó la desaparición de los españoles Antonio Llidó y Michelle Peña, entre otros.

"Es un marxista"

En este sentido, cabe destacar el testimonio del obispo luterano Helmut Frenz, quien junto al obispo católico Fernando Aritzía se entrevistó con Pinochet en 1974 para protestar por las detenciones. En esa reunión, Pinochet reconoció estar al corriente de las torturas practicadas y de la captura de Llidó, de quien dijo despectivamente: "Ése no es un sacerdote, es un marxista".El escrito fundamenta el delito de tortura en el Código Penal español y en la Convención Intemacional contra la Tortura de 1984 (ratificada por España y Chile): "Tampoco podrán invocarse 'circunstacias excepcionales', tales como la guerra, amenaza de guerra, inestablidad política interna (...) como justificación de la tortura". Este crimen es, a juicio de la acusación, competencia española.

La detención ilegal seguida de desaparición también se fundamenta en el Código Penal, igual que en el caso de terrorismo, y se destaca que "mientras no conste la ejecución del delito [aparición del cuerpo]", "es un delito en ejecución permanente, no sujeto a prescripción".

El genocidio también está castigado en el Código Penal español -artículo 137: "El delito de genocidio no prescribirá en ningún caso"- y en el Convenio contra el Genocidio de 1948, ratificado por España y Chile.

Este escrito de la acusación popular pasa ahora al fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, quien deberá formular al juez García-Castellón sus propuestas. No hay plazo para que ambos se pronuncien. En medios judiciales se indica que hay dos opciones: recomendar la apertura de proceso contra todos o parte de los 39 acusados o declararse incompentente. La acusación particular o el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño -contrario a este sumario-, pueden interponer recurso. Será entonces cuando decida la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "Hemos llegado a la hora de la verdad, al momento decisivo", dijo ayer una fuente de la acusación popular.